Desde el pasado martes sin luz en casa. Sin poder cocinar, ni ducharse, ni conectar aparatos eléctricos. Una pareja de Ontinyent ha denunciado al propietario del piso en el que viven de alquiler por un posible delito de fraude en el cobro del suministro de electricidad y, ante la negativa de estos a aceptar las condiciones «abusivas», el propietario les ha cortado la luz, asegurándoles que no les retornará el servicio hasta que vuelvan a recargar el pago. La pareja ha denunciado también al dueño de la vivienda, un constructor de la ciudad, por coacciones. Por el corte del suministro eléctrico, los dos jóvenes han perdido alimentos, han tenido que acudir a familiares y a vecinos para tareas cotidianas, han recurrido a una cocina de gas para cocinar y están viviendo en pésimas condiciones por la falta de electricidad en casa.
La pareja, Simona y Héctor, alquilaron el piso situado en el barrio de Poble Nou, una vivienda en la que el suministro de luz funciona por prepago, le abonan al dueño los gastos por este servicio cada mes. El propietario ha instalado un segundo contador de luz, al que deriva el consumo del de la compañía eléctrica, Iberdrola en este caso, y fija una cuantía a los arrendatarios, un precio de 19 céntimos por kilovatio la hora, que a partir de enero de este 2021 subió a 21 céntimos «sin previo aviso y sin justificación», denuncian los afectados. Una subida de la que se dieron cuenta el pasado mes de marzo, al ver la los kilovatios de los que disponían «eran inferiores a lo que anteriormente nos recargaban con el mismo precio», explican a Levante-EMV. La pareja se puso en contacto con el arrendador para preguntarle por este hecho y pedirle las facturas «para ver nuestro consumo real».
El dueño del edificio «se negó a facilitárnoslas diciéndonos que nos teníamos que fiar de él», por lo que recurrieron a Iberdrola para obtener los documentos. Con las facturas en la mano, los afectados han comprobado el elevado precio que están pagando por la luz, «más de 200 euros de más desde julio», cuando se mudaron a vivir al piso, señalan. Los afectados han mostrado las facturas de la compañía eléctrica y un documento comparando su consumo real (el que abonarían a la eléctrica si operaran directamente con ella) y lo que están pagando al propietario para mostrar el desfase económico entre ambas facturas. Además, señalan que el propietario también aplica el mismo sistema de prepago para el cobro del suministro del agua, la tasa de la basura y de la luz de la escalera del edificio en el que residen, que les hace temer que «también se está aprovechando y estamos pagando de más» por estos servicios.
Al comprobar el mayor coste económico que están asumiendo, la pareja pidió al propietario una solución amistosa y gestionar directamente con la compañía eléctrica el suministro de luz. El propietario no lo aceptó y estos le comunicaron que no recargarían la luz a ese precio, por «un posible lucro a nuestra costa», expresan. El dueño les cortó el martes por la noche el suministro de la luz, pese a que los abogados de ambas partes negociaban una solución al problema. Los dos jóvenes han denunciado ante el juzgado y la policía el delito de fraude y las coacciones del propietario, al obligarles a pagar el servicio bajo amenaza —que se ha consumado— del corte de la luz. Simona y Héctor afirman sentirse «desamparados, sin soluciones y sin poder vivir en una vivienda de forma digna y justa».
Buscan a más afectados
Pero no se rinden y han denunciado los hechos con el fin de contactar también con otros afectados, ya que el propietario de esta vivienda tiene otras en la ciudad en las mismas condiciones. «Podría haber más de una veintena de afectados», señalan estos jóvenes, que han abierto un correo (ayudacontadorespisos@gmail.com) para contactar con más afectados . De momento ya cuentan con el apoyo del vecino que reside en su mismo edificio y que les ha mostrado su predisposición a sumarse a una posible denuncia conjunta para acabar con esta práctica fraudulenta que están sufriendo. «Queremos que no haya miedo de interponer una demanda colectiva, poniéndonos a disposición de cualquier persona afectada que quiera unirse, ya que no nos puede echar de la vivienda», concluyen.
