Una rebaja de más de 2 millones de euros en la deuda que asfixiaba a Castelló de Rugat. El gobierno de Antonio Esquinas ha reducido más de la mitad la deuda de 4 millones de euros que el consistorio alcanzó en 2012, el pasivo más elevado soportado hasta ahora, cerrando el 2020 con 1.824.000 euros pendientes de pago a entidades bancarias. El gobierno de Antonio Esquinas se fijó, desde su llegada a la alcaldía en 2015, reducir una deuda que impedía realizar inversiones, que situaba a Castelló de Rugat como uno de los municipios más endeudados y que obligaba estar sujetos al control del Ministerio de Hacienda, que intervino el consistorio para evitar el desorden económico hasta entonces. El ejecutivo socialista ha cerrado el 2020 con la deuda más baja desde que Hacienda hace públicas estas cifras y espera acabar la legislatura, en 2023, con una deuda por debajo de la cifra simbólica de un millón de euros.
El equipo de Esquinas heredó al inicio de la pasada legislatura, en 2015, un pasivo que rozaba los 3 millones de euros (2.945.000). A partir de ese año la deuda ha ido reduciéndose al cierre de cada ejercicio contable una media de 300.000 euros por año. El gobierno del PSPV cerró su primer año entero al frente del consistorio, 2016, rebajando la deuda a 2,6 millones de euros, una reducción progresiva que permitió cerrar 2018 con un pasivo por debajo de los 2 millones (1.995.000). En 2019 el gobierno tuvo que hacer frente al pago de una sentencia urbanística que el ayuntamiento arrastraba desde 2010 y que ascendía a 350.000 €, lo que hizo elevar el pasivo ligeramente a los 2,2 millones. Un año después, el esfuerzo económico del ayuntamiento ha posibilitado dejar la deuda de nuevo por debajo de los 2 millones de euros (1.824.000), la cifra más baja en los últimos años. Además, también se ha saldado la deuda que el consistorio mantenía con la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida, una deuda histórica de 176.000 euros que ha quedado finiquitada a principios de este 2021 tras cumplir el convenio firmado con el organismo comarcal que fijaba un plan de pagos periódicos.
La «salud económica» recuperada con la rebaja del déficit ha permitido a Castelló de Rugat deshacerse de las restricciones impuestas con la ley Montoro, por la que el consistorio tenía que destinar todo el remanente a pagar deuda. El ayuntamiento, que llegó a marcar un plazo de pago a proveedores de 180 días, está ahora dentro de los 30 días legales. Además, la estabilidad económica permite al ayuntamiento realizar inversiones con recursos propios —hasta ahora el plan de ajuste impedía realizar inversiones que no estuvieran subvencionadas por otras administraciones—, así como optar a ayudas en las que se requiera una aportación municipal como las subvenciones del Ivace para modernizar los polígonos industriales de los municipios. Castelló de Rugat contará con una inversión de 360.000 euros, de los que 60.000 los aporta el consistorio, «algo inviable antes con la deuda que arrastrábamos», señalaba ayer a Levante-EMV el alcalde.
Impulso promoción económica
Antonio Esquinas afirmaba que «vamos a seguir en la senda del ahorro, pero ahora, con la pandemia, es momento de pensar en ayudar a la gente y revitalizar la economía de las personas. Es necesaria una importante inversión en promoción económica», expresaba el alcalde, quien manifestaba que el Ayuntamiento de Castelló de Rugat «ha salido de la ruina económica y es momento de ayudar al impulso de la economía local», concluía Antonio Esquinas.
