Tras todas las declaraciones políticas, las reivindicaciones de los ayuntamientos, los movimientos de las promotoras y las muestras de movilización ciudadana, la polémica llegada de las explotaciones fotovoltaicas a la comarca de la Costera encuentra a los que son los principales afectados: los agricultores y propietarios de las tierras en las que se proyectan las granjas de placas solares. Un mundo en el que el miedo a perder el control de la situación, el pánico a la amenaza de la expropiación, es el sentimiento predominante; no obstante, también hay quienes se muestran favorables a la venta o el alquiler de terrenos para la instalación de células fotoeléctricas. Son minoría, según ellos mismos reconocen, pero firmes en su posición: «Podemos beneficiarnos todos. Vamos a dejar pasar una oportunidad que no sé si volveremos a tener», hacía ver José Fita, presidente de la Cooperativa La Viña de la Font de la Figuera, uno de los propietarios predispuestos a la venta de algunas de sus parcelas.
Su argumento a favor de la llegada de proyectos fotovoltaicos a la Costera pasa, eso sí, por un proceso «muy regulado» que garantice que «no haya abusos». Hecha esta aclaración, Fita traslada que el alquiler o venta de terrenos es necesario por la «rentabilidad de la tierra»: «Hay cultivos que han dejado de ser provechosos. Tenerlos es antieconómico, son un agujero de dinero», explicaba a este diario. «También existen terrenos que son muy poco fértiles, precisamente por la zona de la Encina», donde hay proyectados tres parques solares. «Vemos en las placas una buena alternativa para que los agricultores no pierdan tanto dinero. Además, el ayuntamiento también logra ingresos por el pago del IBI, lo que nos beneficia a todos», concluía José Fita.
En la otra cara de la moneda se encuentra Alicia Beneyto. Ha recibido ofertas de compra por terrenos en dos parcelas separadas, por parte de dos promotoras distintas. Se ha negado en redondo en ambos casos. «No quiero que ninguna línea eléctrica pase por mis campos. No quiero ver las placas», lamentaba, ante el paisaje de unos cultivos de viña y cereal y junto a un almacén que ha acondicionado para poder pasar los días de verano con su familia. Su experiencia vital justifica el temor que siente estos días: según explicó, en el proyecto de trasvase del Xúquer ya les fue expropiada una finca propiedad de su padre. «Con las instalaciones fotovoltaicas me da la impresión de que estoy viviendo la misma situación», señalaba gravemente.
Beneyto transmitía una valoración muy severa de las empresas fotovoltaicas que han posado sus miras en la Costera. «Quieren hacer negocio a costa de cuatro agricultores. Las cosas no se hacen así, yendo a por muchos propietarios: si quieren construir una macroinstalación, que busquen una propiedad grande y que la compren toda», aseveraba, añadiendo que al presentar ofertas a muchos agricultores están «enemistando» a los vecinos de la Font de la Figuera. José Fita, por su parte, no coincidía con esta impresión: «Podemos tener posturas distintas a nivel personal, pero no son más que opiniones. No creo que haya mal ambiente en el pueblo». Con todo, la polémica de las fotoeléctricas tan solo apura estos días su primer episodio.
