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El juez estima el recurso contra los sueldos de los dos ediles tránsfugas de Cs en Canals

Celia Bononat y Javier Pérez pasaron al grupo de no adscritos tras formalizar su apoyo al equipo de gobierno liderado por Mai Castells (Compromís) y luego recibieron retribuciones - El caso de la Font de la Figuera, un claro precedente

Imagen de archivo del pleno de constitución del ayuntamiento de Canals en 2019. | PERALES IBORRA

El ayuntamiento de Canals lleva tiempo convertido en un polvorín. Y, con cada nuevo movimiento, la bóveda se llena de más explosivos. Los sueldos del equipo de Gobierno liderado por Mai Castells (Compromís) fueron retirados hace varios meses y la oposición tumbó el proyecto de presupuestos. Ahora, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 5 de València ha emitido una sentencia en el que estima el recurso presentado por el PSPV contra las retribuciones que el pleno aprobó en su momento para Celia Bononat y Javier Pérez, los dos exconcejales de Ciudadanos (Cs) que apoyaron el nombramiento de Castells como alcaldesa del municipio en 2019.

El respaldo a Castells les costó la baja en su partido, por lo que acabaron en el grupo de no adscritos. En un primer momento, formaron parte del ejecutivo municipal y recibieron algunas delegaciones, que no estuvieron acompañadas de sueldos. Tiempo después, el pleno sí dio el visto bueno a sus retribuciones y Antonio Orea -portavoz socialista en Canals- llevó el tema a los tribunales, al considerar que se vulneraba el pacto anti-transfuguismo.

En octubre del año pasado, los dos exediles de Cs implicados presentaron su renuncia. Lo hicieron unos días después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre la situación de Purificación Lluch, concejal en la Font de la Figuera que tuvo que devolver el sueldo tras dar su apoyo al alcalde Vicent Muñoz, también de Compromís. Las similitudes son notorias.

Ahora, el recurso presentado ha sido aceptado parcialmente, aunque el ayuntamiento aún tiene la posibilidad de recurrir.

«Volver a la legalidad»

Antonio Orea (PSPV) atendió ayer a Levante-EMV y explicó que «nosotros primero interpusimos un recurso de reposición, pero el equipo de gobierno lo tumbó. Entonces, decidimos ir a los tribunales». «Para nosotros lo importante de la sentencia es que se prueba que el acuerdo del Ayuntamiento de Canals se forjó incumpliendo el pacto antitransfuguismo. Creemos que Compromís tiene la obligación de volver a la legalidad», expuso Orea.

Desde el PSPV comentaron que la sentencia prueba que los sueldos a los tránsfugas «fueron el pago por el apoyo a la alcaldesa en el pleno de investidura de 2019. Ciudadanos tenía la premisa de no apoyar a Compromís, lo que dichos concejales incumplieron». «No podemos permitir que la política de Canals siga estando en manos de quien para alcanzar el poder compra el voto de concejales, miente a los ciudadanos y comete ilegalidades», apostillaron.

«Que se han cometido irregularidades es un hecho. Ya no lo dicen los socialistas, lo sentencia el Juzgado de lo contencioso administrativo N.º 5 de València», apuntó Orea.

Mercedes Caballero, secretaria provincial del PSPV en València, secundó las acciones emprendidas por el grupo local y defendió «la importancia de denunciar estas acciones carentes de ética política, que persiguen intereses económicos y que debilitan la calidad democrática».

«Pediremos explicaciones»

Antonio Pérez, portavoz del Partido Popular en Canals, también abordó ayer lo ocurrido. Argumentó que «la sentencia prueba que las delegaciones a los exconcejales de Cs no eran legales y, por eso, ahora se tumban. Lo malo es que todo llega un poco tarde, pero el juez da la razón a la oposición». La legislatura comenzó en Canals con un pacto raro, casi antinatura. Era una alianza extraña y lo que mal empieza mal acaba».

«Esta semana tenemos pleno y queremos pedir explicaciones. Queremos saber si la alcaldesa asume sus responsabilidades», expuso Pérez.

Este diario intentó infructuosamente ponerse en contacto con la alcaldesa de Canals hasta el cierre de la edición.

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