Son pequeños núcleos, alejados del bullicio y la contaminación de las grandes urbes. Sin embargo, no todo son ventajas que retratan una vida idílica. Muchas veces carecen de servicios públicos esenciales y desde hace varios lustros sufren una constante pérdida de residentes, lo que causa que registren un crecimiento vegetativo —diferencia entre nacimientos y defunciones— negativo año tras año que condena el futuro de la vida rural.
El riesgo de despoblación ya acecha a 16 municipios de las comarcas de la Costera, la Vall d’Albaida y la Canal de Navarrés.
Benissuera —de 185 habitantes— es el último pueblo que se ha unido a un grupo que ya integraban otras 15 pequeñas localidades de las tres demarcaciones. Su adhesión se debe a un empeoramiento en los parámetros que miden los técnicos del CES-CV. Este órgano consultivo de la Generalitat publica cada año un informe sobre el medio rural, en el que valora el riesgo de despoblación de los municipios.
Bicorp, Millares, Quesa, Estubeny, Torrella, Aielo de Rugat, Bellús, Beniatjar, Bufali, Carricola, Otos, Pinet, Rugat, Sempere y Terrateig permanecen en el listado. Ninguna de las poblaciones ha logra darle la vuelta a la situación.
Se trata de localidades que congregan a menos de 700 habitantes —Quesa es la única que roza dicho número— y arrastran índices de envejecimiento muy elevados. Su futuro a corto-medio plazo no es halagüeño. Así lo reconoció ayer Carlos Alfonso, presidente del CES-CV, tras ser consultado por Levante-EMV: «La despoblación es un problema que no decrece y que es preocupante porque genera desigualdades sociales y crea situaciones de tensión poblacional», argumentó.
Los golpes de la pandemia
Y la pandemia causada por el virus de la Covid-19 ha empeorado las cosas: «Está claro que ha agravado el problema. Han aumentado las carencias en zonas rurales y se han evidenciado los problemas en servicios como la falta de oficinas bancarias, la lejanía de los centros médicos o la falta de otros equipamientos públicos que potencian la despoblación», expuso Alfonso.
«Y ello a pesar de que el Gobierno es consciente del problema, lo que se demuestra con la creación de una Agencia de Despoblación para abordar la situación. Pero la problemática sigue ahí y requiere de muchos recursos para generar actividad. Mientras no se genere actividad que atraiga a los jóvenes, que permita la captación de talento, será complicado resolver el tema», explicó.
Y es que la situación es difícil en casos como Pinet y Millares, por poner dos ejemplos. Las estadísticas confirman que registran cerca de 40 defunciones por cada nacimiento. De tratarse de una proyección matemática, se podrían quedar sin habitantes en un intervalo de entre 5 y 10 años.
Por último, desde el organismo abordaron las posibles medidas para atajar esta dinámica. Apuestan por la puesta en marcha de mecanismos de flexibilidad «para dar respuesta ágil a las necesidades en materia de vivienda y suelo empresarial». También defienden la introducción de «mejoras de la legislación de protección medioambiental y territorial y el establecimiento de una política fiscal diferenciada» para los territorios en riesgo de despoblación.
