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La Fiscalía pide inhabilitar diez años a una exedil de Aielo por prevaricación

La Audiencia juzga las presuntas irregularidades en la repetida adjudicación de una plaza de funcionaria a la hermana del exalcalde Pinter

Un pleno del Ayuntamiento de Aielo de Malferit, con el exalcalde segundo por la izquierda. | LEVANTE-EMV

La sección segunda de la Audiencia Provincial de València juzgó ayer a la exregidora de Personal de Aielo de Malferit en 2012 y al exsecretario de la corporación municipal por las presuntas irregularidades detectadas en el procedimiento de adjudicación de una plaza de funcionaria administrativa en el ayuntamiento a la hermana del entonces alcalde de la localidad, José Luis Juan Pinter, ahora portavoz del PP en la oposición. La Fiscalía solicita para los acusados una pena de diez años de inhabilitación para empleo o cargo público, por un supuesto delito de prevaricación administrativa que estos niegan.

Los hechos se remontan a hace once años, cuando los tribunales -a raíz de un recurso del delegado de personal en el consistorio- anularon una primera convocatoria para la provisión del puesto por promoción interna, al entender que el munícipe no se abstuvo de participar en los distintos actos del proceso de selección pese a que en el mismo concurría una familiar directa, de modo que no se pudo garantizar «la imparcialidad y la objetividad» del concurso.

Más adelante, al mismo tiempo que la sentencia era recurrida, el ayuntamiento inició un nuevo procedimiento para regularizar la situación de la hermana del alcalde mediante el cual Pinter delegó sus atribuciones en la regidora de Personal, I.V.F., tras admitir que había cometido un error cuando aprobó él mismo las bases y el tribunal de la convocatoria.

Sin embargo, en 2012, la Fiscalía abrió diligencias a raíz de una denuncia del portavoz del PSPV local, el hoy alcalde Juan Rafael Espí, teniendo en cuenta que el contenido y la filosofía de la convocatoria no se había modificado ni un ápice respecto a la anterior pese a haber sido ésta anulada por el juzgado. El Ministerio Público apreció indicios de que el tribunal de la selección no se constituyó ni llegó a celebrar ninguna sesión. La nueva resolución, firmada esta vez por la edil de Personal, volvió a nombrar a las mismas aspirantes para idénticos puestos y, según Pinter, se «normalizó» la situación. La regidora defendió que en todo momento actuó bajo la estricta sujeción a las bases aprobadas de la convocatoria y rechazó las acusaciones.

Un año más tarde, en 2013, el juzgado de lo contencioso nº 8 de València tumbó por segunda vez la adjudicación de la plaza de administrativa a la hermana del primer edil e instó al consistorio a iniciar un nuevo procedimiento selectivo desde el principio para legalizarla, con unas nuevas bases y un tribunal independiente.

Nuevo proceso selectivo

El alcalde no se dio por vencido y, tras repetirse la convocatoria pública, en 2014 facultó al tercer teniente de alcalde de Aielo de Malferit para que elevara a oficial la designación que de nuevo blindaba a su familiar a seis meses de las elecciones municipales. Aunque en esta última ocasión fue la edil de Educación la que aprobó la lista de aspirantes -solo tres- y las nuevas bases, finalmente Pinter la apartó de la dirección del procedimiento a una semana del examen, por encontrarse ésta de «baja laboral», para delegar en el concejal de Hacienda la culminación de la convocatoria.

Tras el segundo nombramiento, el Ministerio Público pidió la imputación del alcalde por las anomalías investigadas, pero la edil de Personal asumió la responsabilidad del proceso y éste finalmente fue desvinculado de la causa judicial. Ayer, Pinter declinó valorar los hechos enjuiciados, haciendo hincapié en que se encuentran todavía pendientes de sentencia. Tampoco el actual alcalde y promotor de la denuncia accedió a hablar sobre el litigio.

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