El Tribunal de Cuentas del Estado ha señalado para hoy la audiencia previa del procedimiento de reintegro por alcance que abrió en 2019 raíz de los presuntos pagos irregulares por importe de 1,5 millones de euros que el Ayuntamiento de Vallada abonó bajo mandatos anteriores a las adjudicatarias del fallido parque industrial de Valpark, el proyecto que, diez años después de su paralización, sigue manteniendo a la localidad en la cima de las más endeudadas de España.
El órgano de fiscalización estatal inició una investigación en 2019 que detectó un descubierto en los fondos públicos como consecuencia de una serie de irregularidades comunicadas por la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana en la gestión económico-financiera del consistorio de la Costera durante el ejercicio de 2014 . A raíz de las pesquisas, el Tribunal de Cuentas reclamó hace dos años a dos exalcaldes de Vallada el pago de 1,5 millones a modo de aval previo al juicio bajo amenaza de embargo, una vez practicada la liquidación provisional del alcance.
Aunque el requerimiento también se dirigió al exedil Fernando Giner, el grueso del dinero se corresponde con las indemnizaciones que por el citado importe se pagaron durante la etapa del independiente Vicente Perales al frente del ayuntamiento a la UTE Ferrovial-Guerola por el lucro cesante de los contratos que tuvieron que resolverse después de que los trabajos de urbanización se suspendieran como consecuencia de los impagos de los urbanizadores del proyecto.
Según el tribunal, el consistorio debería haber repercutido a estas empresas el pago de las indemnizaciones a pesar de que abandonaron las obras y se declararon en concurso de acreedores, puesto que son las que tendrían que asumir las cantidades en última instancia.
El procedimiento abierto por el Tribunal de Cuentas se ha prolongado más de la cuenta en el tiempo como consecuencia de la pandemia. A la audiencia previa que comienza esta mañana han sido citadas las partes implicadas para proponer pruebas documentales y posibles testigos, antes de que se fije la fecha definitiva del juicio, en el que se determinarán las responsabilidades del agujero contable.
1,3 millones de m2
En cualquier caso, fuentes municipales reconocen que la bancarrota de las urbanizadoras hace difícil que la cuantía que se considera abonada indebidamente acabe siendo retornada a las arcas del ayuntamiento por parte de estas empresas.
El Tribunal de Cuentas cuestionó abiertamente la legalidad del sistema de gestión indirecta escogido en 2008 por el gobierno municipal del PP de Vallada para urbanizar los 1,3 millones de metros cuadrados del malogrado parque logístico y empresarial de Valpark. La fase de instrucción concluyó indicando que el consistorio «se apartó del esquema legal» previsto en la normativa, al contratar por un lado a los urbanizadores y por otro a una Unión Temporal de Empresas para la ejecución el proyecto. De esta manera, se instauró un peculiar sistema de pagos en virtud del cual la corporación asumía directamente los gastos derivados de la urbanización y repercutía posteriormente a los urbanizadores las cuotas urbanísticas correspondientes.
Los impagos de estos últimos impidieron al consistorio, que además tuvo que costear la expropiación de terrenos, seguir cumpliendo con las certificaciones de obra. En 2009, tras el estallido de la crisis, se paralizaron los trabajos y la UTE exigió la rescisión del contrato. El ayuntamiento terminó asumiendo unos gastos de 18 millones por las obras de urbanización del parque que generaron una deuda pública colosal que no se correspondía con el nivel de ejecución de Valpark.
La alcaldesa se reúne con el conseller de Obras Públicas
El conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, mantuvo ayer una reunión de trabajo con la alcaldesa de Vallada, María José Tortosa, para abordar entre otras cuestiones el futuro de las parcelas del malogrado parque industrial de Valpark, a las que el consistorio lleva tiempo intentando buscar un salida par aliviar la inmensa deuda que todavía arrastra la corporación municipal por la paralización del proyecto en 2009. Los fondos europeos podrían ayudar a relanzar el polígono.
