Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

La jueza tumba las facturas que la Mancomunitat exige a Ontinyent por el reciclaje

Una sentencia niega a la entidad comarcal el derecho de cobrar 70.000 euros al consistorio tras la ampliación del servicio de recogida de envases

Un camión retira los residuos del contenedor de envases en Ontinyent, en una imagen de 2018. | PERALES IBORRA

La Mancomunitat de la Vall d’Albaida ha encajado un duro revés en el litigio que mantiene abierto con el Ayuntamiento de Ontinyent por la gestión de los residuos. El juzgado de lo contencioso nº3 de València ha desestimado el recurso interpuesto por la entidad comarcal contra el acuerdo plenario a través del cual -en julio de 2020- el consistorio presidido por Jorge Rodríguez rechazó abonar a la Mancomunitat una serie de facturas correspondientes a la ampliación del servicio de recogida de envases entre 2017 y 2019. En la práctica, la sentencia da la razón al consistorio, al que exime de pagar los 67.782 euros que la Mancomunitat le reclamó después de independizarse del servicio comarcal de reciclaje para transitar hacia un convenio de gestión directa con Ecoembes.

En su recurso, el organismo supramunicipal defendió que Ontinyent debía asumir el sobrecoste originado por el incremento de los días de prestación en la localidad porque, si no, se produciría -a su juicio- un enriquecimiento injusto de la corporación local. La Mancomunitat argumenta que el servicio resultaba deficitario para sus arcas.

El Ayuntamiento de Ontinyent, en cambio, acusó a la entidad de falta de transparencia porque las facturas presentadas a cobro no reflejaban ningún tipo de liquidación que tuviera en cuenta no solo los gastos, sino también los ingresos obtenidos a modo de compensación de Ecoembes por los kilos de envases recogidos. Según la corporación, la cuantía reclamada por la Mancomunitat no se corresponde con el acuerdo que ambas instituciones adoptaron en 2016 para la financiación del servicio, en virtud del cual la recogida de envases se ampliaba en un día adicional en el municipio y el sobrecoste se distribuiría en 6.500 euros por semestre a cargo de la Mancomunitat y 552 euros a cargo del consistorio. El ayuntamiento sostiene que la prestación mancomunada era deficiente por el bajo número de contenedores instalados, mientras que el organismo comarcal atribuye el desbordamiento de los mismos a un mal uso por parte de los usuarios.

Ontinyent aportó en el procedimiento contencioso un informe del técnico de Medio Ambiente que advertía de que el incremento en la recogida de envases ligeros no solo generaba un mayor coste, sino también un mayor ingreso en atención a los kilos reciclados. Por ello, la corporación municipal incide en que la ampliación del servicio debió de facturarse en función de la liquidación anual. Un criterio que la sentencia comparte apelando a los estatutos de la Mancomunitat.

Según dicha normativa interna, corresponde al órgano plenario de esta entidad aprobar las contribuciones especiales y la implantación de nuevos servicios y fijar la participación que corresponda a los ayuntamientos para compensar el déficit. Sin embargo, la sentencia hace hincapié en que no consta que las facturas exigidas al Ayuntamiento de Ontinyent «respondan a un concreto acuerdo de distribución del coste del servicio o de su ampliación», puesto que el Consell de la Mancomunitat y su junta del gobierno nunca se pronunciaron al respecto.

Compensación por la recogida

La sentencia dictada por la jueza Laura Alabau -que no es firme y admite recurso- pone el foco en que el coste del servicio de la recogida de envases en la Comunitat Valenciana (cuya gestión está en manos de la mercantil Ecoembes) se establece por la diferencia entre el coste efectivo de la prestación y la compensación que ha de recibir cada municipio o entidad local, parte de la cual se establece sobre el peso del material retirado. En este caso, la resolución concluye que la Mancomunitat no se basó ni en los criterios de distribución establecidos en sus estatutos ni en ningún acuerdo formal a la hora de imputar el déficit del servicio de recogida y de aplicar la compensación económica abonada por Ecoembes. De ahí que no se consideren exigibles las obligaciones reclamadas por la entidad comarcal que el Ayuntamiento de Ontinyent se niega a pagar.

Para la regidora de Medio Ambiente de esta localidad, Sayo Gandia, la sentencia demuestra que la Mancomunitat «no estaba diciendo la verdad» y «no era transparente». «Desde el principio se nos dijo que el aumento del servicio no tendría coste para el consistorio y que estaría compensado con los ingresos que se obtienen de los envases recogidos», apunta. A juicio de la edil, la adhesión directa de Ontinyent al convenio con Ecoembes ha puesto de relieve que los ingresos recibidos de esta entidad gestora son mayores de lo que se pensaba «como el ayuntamiento venía reivindicando».

Compartir el artículo

stats