El juzgado de instrucción nº2 de Xàtiva ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa penal por prevaricación abierta contra el alcalde de la Font de la Figuera, Vicent Muñoz (Compromís), y contra el exalcalde Santiago Micó, a raíz de una querella interpuesta por la actual portavoz del PP, la también exalcaldesa María José Penadés. El foco del conflicto se sitúa en una edificación construida sin licencia hace años en suelo no urbanizable de especial protección paisajística y forestal sobre la que pesa un expediente de restauración de la legalidad urbanística desde 2013. Una vez Micó adquirió la propiedad del inmueble en marzo de 2020, Penadés denunció la falta de actuaciones del consistorio encaminadas a su demolición.
El exregidor fue compañero de filas de la concejala en el PP hasta que en 1998 dejó el partido y promovió una moción de censura para arrebatar a Penadés la alcaldía de la Font. Luego gobernó bajo las siglas de Unió Valenciana para volver más adelante al PP.
La jueza ha decidido desimputar tanto a Muñoz como a Micó al no apreciar la perpetración de delito alguno, una vez revisado el expediente y tras tomar declaración a ambos como investigados. En agosto de 2020 -después de cambiar de propietario-, la Policía Local comprobó que la caseta en cuestión no había sufrido alteraciones constructivas desde la última inspección practicada en 2018. Un mes después, al comprobar el incumplimiento de la orden de demolición sobre el inmueble, el arquitecto municipal emitió un informe donde se acordaba la ejecución subsidiaria del derribo por parte del consistorio. Las obras de restauración de la legalidad urbanística se valoraron en 5.460 euros a cargo de los propietarios. Sin embargo, una vez notificada la nueva resolución, éstos iniciaron un procedimiento para regularizar la construcción mediante la solicitud de una Declaración de Situación Individualizada de Minimización de Impacto Territorial. La petición fue aprobada por el pleno municipal de la Font, en virtud de un informe jurídico favorable hacia esta posibilidad de legalización contemplada en el marco de la nueva Ley de Ordenación del Territorio y el Paisaje (Lotup). De esta forma, el expediente de demolición que arrastraba la caseta quedó en suspenso.
Un conflicto «sobrevenido»
Durante el proceso judicial abierto como consecuencia de la querella del PP, el exalcalde Micó defendió que la construcción se levantó mucho antes de que él adquiriera la finca y que bajo su titularidad no se han hecho más obras en su seno.El alcalde, Vicent Muñoz, declaró por su parte que en 2013, cuando se inició el expediente de restauración urbanística, ni presidía la corporación ni tenía competencias en materia de urbanismo. El regidor aseguró en sede judicial que no desatendió el expediente, que una vez revisado se dictó la ejecución subsidiaria del derribo y que se respetó la legalidad vigente en todo momento.
El fiscal del caso pidió el archivo de la denuncia tras concluir que el procedimiento de regularización de la caseta cumplió todos los trámites legales. En su escrito, el Ministerio Público subraya que, para que exista un delito de prevaricación debido a la falta de actuación de un ayuntamiento, tiene que existir un claro apartamiento de la legalidad y un consentimiento consciente de dicha ilegalidad, cosa que no se apreció en este caso.
El juzgado de instrucción dictó el jueves el auto de sobreseimiento provisional de la causa penal, pendiente de un recurso de impugnación. La resolución judicial señala que los promotores de la querella pueden ejercitar «las acciones que consideren» ante otro tipo de jurisdicción.
