La subida de precios derivada del encarecimiento de las materias primas a escala mundial no solo está ocasionando problemas de abastecimiento y parones de actividad en múltiples sectores, sino que también está comenzando a pasar factura a la administración local. La Mancomunitat de la Vall d’Albaida ha tenido que declarar desierto un contrato de 70.000 euros orientado a reforzar el servicio de recogida selectiva en los 34 municipios de la comarca. Los 95 nuevos contenedores (60 de envases y 35 de papel y cartón) que deberían haberse adquirido esta semana para incentivar el reciclaje entre los vecinos tendrán que esperar.
El procedimiento vía concurso público promovido por la entidad supramunicipal inició su andadura el 28 de septiembre, pero el plazo de admisión de ofertas se ha cerrado sin que ni una sola empresa haya manifestado su interés por asumir el encargo de suministrar los depósitos demandados.
En 2019, la Mancomunitat convocó una licitación similar para hacerse con 48 contenedores. Entonces se presentaron tres propuestas empresariales y el proveedor seleccionado acabó siendo la mercantil de Madrid Manufacturas Metálicas madrileñas, SL, que se adjudicó el servicio por 36.875 euros, a razón de 762 € por contenedor. El nuevo contrato partía de un presupuesto inicial que situaba el coste en 737 euros por unidad.
Después de ver frustrados sus planes iniciales, la Mancomunitat está estudiando la manera de reformular las condiciones económicas de la licitación para adaptarlas a las nuevas circunstancias y que a las empresas del sector «les salga a cuenta» presentarse. «La subida de precios por la escasez de material ha incrementado el coste de los contenedores. Las empresas del sector han hecho números y no les compensa». Así explica el conseller de Medio Ambiente del organismo comarcal, Julio Biosca, las razones de un desenlace que asegura que se está repitiendo con otros procesos similares impulsados por los ayuntamientos. «Cuando se hacen los pliegos las cosas tienen un precio, pero en poco tiempo el material se encarece y las empresas tienen que hacer muy bien los cálculos», profundiza Biosca, alcalde en Fontanars. «Algunas de ellas acaban teniendo problemas para ejecutar los contratos adjudicados porque los precios han variado por diferentes circunstancias», remacha.
Los estrictos corsés que la Ley de Contratación del Sector Público impone a las entidades locales tampoco ayudan a la hora de flexibilizar las condiciones y agilizar la adquisición de bienes y servicios básicos. El conseller de Medio Ambiente de la Mancomunitat subraya que la cantidad de «farragosos» trámites a cumplimentar y la falta de personal ralentizan de forma notable cualquier procedimiento de licitación. En el caso de los contenedores de reciclaje, tendrá que repetirse todo partiendo de nuevo de cero, modificando los pliegos y ajustando al máximo los precios. «El problema es que cuando una empresa privada tiene que comprar algo cuenta con un margen de maniobra para negociar, pero en la administración pública los precios se marcan en un momento determinado y cuando vas a ejecutar la obra o a adquirir un servicio es posible que se hayan quedado muy desfasados», expone Biosca. Problemas similares se están produciendo a todos los niveles. «El mercado ya está de por sí complicado, pero si a eso le sumamos la lentitud de la administración es una tormenta perfecta», apostilla.
Una necesidad básica
La intención de la Mancomunitat de la Vall d’Albaida pasa por reorientar el procedimiento de contratación con tal de superar la situación de bloqueo «lo antes posible», puesto que en juego hay una «necesidad básica». El suministro está incluido de forma prioritaria en el plan de inversiones del ente y con él se persigue contar con una buena remesa de contenedores en cartera no solo para garantizar la sustitución de las unidades más deterioradas o antiguas, sino también para sentar las bases de una ampliación progresiva del servicio en los municipios de la comarca con el objetivo último de fomentar el incremento de los índices de recogida selectiva entre la población.
«Se trata de una iniciativa orientada a facilitar la separación de forma sencilla y cómoda, pero la realidad es que los ayuntamientos ahora no tienen los contenedores y de momento nos encontramos con el problema de no poderles dar la respuesta que queríamos», lamenta el alcalde de Fontanars.
