La Audiencia Nacional ha absuelto a un vecino de Ontinyent de 60 años de edad para quien la Fiscalía pedía dos años de cárcel por su participación como intermediario en una red piramidal a gran escala que estafó 31,7 millones de euros a miles de inversores en todo el mundo mediante la compraventa de dispositivos de geolocalización.
Los cabecillas de la trama prometían a sus víctimas suculentos ingresos a cambio de la adquisición de paquetes de estos aparatos que posteriormente debían ser alquilados a terceras personas. Las ganancias supuestamente se multiplicarían si los interesados conseguían que sus familiares y amigos se involucraran en el negocio. Todo ello aderezado de vídeos con mensajes motivacionales para emprendedores, charlas de «mentores» y conferencias en lujosos hoteles.
Los tentáculos de la red tuvieron su ramificación en la zona de Ontinyent, donde se captaron nuevos inversores. El intermediario ahora absuelto fue señalado por alguno de los afectados que se personaron como acusación en el proceso judicial -casi 4.000- por su papel en la comercialización del producto, al haber vendido paquetes de geolocalizadores bajo la advertencia de que no se admitían transferencias, sino solo dinero en efectivo. También figuraba como «patrocinador» en alguno de los contratos investigados.
Entre las personas que comercializaron el producto, existían determinados comerciales que, una vez habían entrado en la telaraña piramidal, distribuían o vendían las virtudes de la empresa Get Easy y ofertaban los paquetes a una colectividad de personas con tal de abrir todo lo posible el abanico del negocio, puesto que cuanto más personas invertían más iban a beneficiarse.
Sin embargo, tras tomar nota de los numerosos testimonios que desfilaron durante el juicio, la Audiencia Nacional concluyó que el intermediario de Ontinyent no fue sino uno más de los perjudicados por la trama. Como otros intermediarios, recaudaban dinero y lo ingresaba a la mercantil creyendo que así se incrementaban sus beneficios cuando en realidad no lo hacían, puesto que las cuentas que se le mostraban eran ficticias. Cuando intentaron recuperar el dinero, les fue imposible. Es por eso por lo que la sentencia de la Audiencia no solo exculpa al comercial de la capital de la Vall d’Albaida de los delitos de cooperación con organización criminal y estafa continuada de los que se le acusaba, sino que -además- determina que a éste le corresponde ser indemnizado por los líderes de la trama -a quienes les han caído hasta 10 años de cárcel- por los perjuicios económicos sufridos. La cantidad debe decidirse en la fase de ejecución del fallo.
Un fraude de 42 millones
La macroestafa internacional se gestó primero en Brasil y Portugal antes de llegar a España, donde fue descubierta en 2016. Los condenados deben devolver 42 millones de euros a los inversores entre cantidades estafadas e indemnizaciones.
La ganancia de los inversores se basaba supuestamente en la obtención de ingresos proporcionales a la cantidad de aparatos GPS comprados y en la acumulación de puntos cuya suma conducía a una serie de premios. Pero el producto en realidad no existía y tampoco las personas ni las empresas que teóricamente iban a disfrutar del mismo. Una mercantil intermediaria se nutría del dinero de los inversores, mientras estos no recibían ningún beneficio o ingresaban cantidades muy alejadas de lo prometido y firmado en sus contratos.
Un engañado más por una trama con miles de estafados en el mudno
Aunque el comercial de Ontinyent que se vio involucrado en la trama participó en las tareas de captación de nuevos inversores y en el cobro en efectivo de paquetes de geolocalizadores, no fue sino otro engañado más por la organización, puesto que tampoco percibió los beneficios que prometía la red. Su defensa mostró su total disconformidad con los escritos de acusación contra él y pidió la libre absolución del acusado, subrayando que no se le podía imputar delito alguno.
