El Ayuntamiento de Benigànim ha sido condenado por el despido improcedente de un ingeniero técnico industrial que trabajó como autónomo para el consistorio durante 20 años, no siempre bajo cobertura legal. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) considera probado que existió una relación laboral directa desde 2001 «disfrazada» por los sucesivos contratos de servicios que iban firmando ambas partes. La sentencia desestima el recurso de la corporación municipal, obligada a pagar al trabajador una indemnización de 30.000 euros o a readmitirle en su antiguo puesto de trabajo con los salarios dejados de percibir desde su cese, en 2020.
El ingeniero técnico industrial ofrecía sus servicios dos días a la semana en un despacho municipal y los compaginaba con trabajos en otros consistorios y en su empresa. Según el pronunciamiento judicial, entre 2001 y 2005 el Ayuntamiento de Benigànim formalizó diferentes contratos anuales de servicios con el empleado demandante, pero durante los nueve años siguientes no medió más que «una relación verbal» con éste. En 2016 se firmó un nuevo contrato con ampliación de horas, que expiró un año más tarde. A pesar de ello, el técnico continuó trabajando en iguales condiciones y «sin contrato que lo respaldara durante cuatro años más», según precisa la sentencia de la sala de los social.
El operario se encargaba de emitir informes, así como del mantenimiento y supervisión de instalaciones municipales eléctricas y térmicas, del agua caliente sanitaria y de la revisión y aprobación de las licencias de apertura de actividad. Su trabajo lo prestaba en un despacho del consistorio que compartía con personal funcionario, donde atendía a los vecinos «como un funcionario más», tal como dictaminó el juzgado de lo social. Tenía incluso acceso a un email y una tarjeta del propio consistorio. También daba validez jurídica a documentos municipales con su firma.
En su recurso de apelación, el consistorio de Benigànim defendió que la relación con el técnico industrial no fue laboral sino administrativa, y que estuvo amparada por la normativa en vigor a través de seis contratos menores de consultoría y asistencia técnica que fueron sucediéndose en el tiempo, si bien la corporación admitió la prórroga irregular en la duración de los contratos formalizados en 2005 y 2016. La defensa municipal subrayó que el operario no tenía horarios asignados de citas de atención al público ni vacaciones retribuidas para sustentar la idea de que no se trataba de un trabajador del ayuntamiento y que en ningún momento fue despedido porque no podía serlo. Simplemente se «extinguió» su contrato.
Trabajos con una empresa
El Ayuntamiento de Bèniganim también invocó posibles incompatibilidades laborales del técnico -al mismo tiempo funcionario interino en el consistorio de Albaida- puesto que formalizó contratos menores de dirección de obra y redacción de proyectos con la empresa de la que éste era socio mayoritario y administrador único y que él mismo ejecutaba, facturándolos aparte de los servicios de ingeniería. Pero el TSJ no considera que este argumento tenga interés a la hora de valorar la demanda por despido improcedente presentada por el ingeniero industrial. El tribunal impone unas costas de 600 euros.
Una relación laboral problemática para los ayuntamientos
Aunque el consistorio de Benigànim argumentó que los contratos con el técnico industrial se suscribieron al amparo del convenio de colaboración con la Diputación de Valencia y corrían a cargo de la institución provincial, el TSJ entiende que la verdadera naturaleza de la relación tuvo carácter laboral, de ahí que el cese de 2020 se considere un despido improcedente, con sus consecuencias legales . Numerosos consistorios han afrontado condenas y multas de la Seguridad Social por situaciones similares en los últimos años.
