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Archivan la causa contra dos exalcaldes de Montaverner y uno de Moixent por 5 delitos

El juzgado da carpetazo a todas las denuncias del PP de Montaverner contra excargos socialistas por la gestión de la empresa pública Innovem

Archivan la causa contra dos exalcaldes de Montaverner y uno de Moixent por 5 delitos

Diez años después de la denuncia del PP que dio origen a la causa, el juzgado de instrucción nº1 de Ontinyent ha dado carpetazo definitivo a las actuaciones penales practicadas contra dos exalcaldes socialistas de Montaverner (Belén Esteve y Joan Chornet) y uno de Moixent (Vicent Francés) a raíz de la quiebra de Innovem, la extinta empresa pública que se ocupaba de desarrollar proyectos urbanísticos en la localidad de la Vall d’Albaida.

A partir de 2011, el equipo de gobierno de Montaverner, presidido por la popular Amparo Roses, trasladó a la Fiscalía una serie de supuestas irregularidades en la gestión de la firma que desembocaron en la imputación de los exregidores y de otros investigados, acusados de hasta cinco presuntos delitos: uno societario, otro de prevaricación, otro de malversación de caudales públicas, otro contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental.

Practicadas las diligencias oportunas, el juez ha archivado el procedimiento instruido al no resultar justificada la perpetración de ninguna infracción de carácter penal. En primer lugar, el PP denunció la emisión y renovación de pagarés sin fondos desde Innovem pese a que la mercantil pública se encontraba en una situación de quiebra económica que desembocó en su suspensión de pagos. En el marco de la causa judicial, sin embargo, el administrador concursal de la firma declaró que no se apreció ninguna irregularidad en la gestión de las cuentas de Innovem y atribuyó sus números rojos y su falta de liquidez a la pérdida de ingresos relacionados con los desarrollos urbanísticos truncados. El juzgado considera que no existen indicios para entender que los gestores de Innovem incurrieron en delitos societarios o de estafa.

Una segunda denuncia apuntó a una supuesta malversación de caudales públicos en relación con el destino que daba Innovem a las subvenciones de la Generalitat. Pero un informe pericial elaborado entre 2018 y 2019 determinó que de los 793.218 euros en ingresos recibidos por la empresa pública del Servef, el 99,5% se destinaron a su objeto previsto. Solo 3.607 euros procedentes de la Seguridad Social por la bonificación de cursos no pudieron comprobarse documentalmente. En 2012, la Fiscalía puso en conocimiento del juzgado otros hechos que podían resultar constitutivos de cuatro delitos en función de las informaciones trasladadas por el equipo de gobierno del PP de Montaverner. Esta denuncia hacía referencia al convenio urbanístico suscrito entre Innovem y la mercantil Viveros Cambra para desarrollar el sector industrial nº8 de Montaverner. Según el ejecutivo de Amparo Roses, el procedimiento incumplió una serie de trámites públicos requeridos y las cuotas de urbanización abonadas por Viveros Cambra no se destinaron a sufragar los fines previstos. El auto de sobreseimiento, en cambio, echó por tierra el primer argumento y rechazó que el segundo constituyera un ilícito penal. Una pericial económica concluyó que los pagos y los cobros del convenio coincidían con la factura emitida y que no se produjo la defraudación del IVA señalada por los populares y la firma privada.

Contratos «a dedo» pero sin delito

La última denuncia del PP acusó al anterior equipo de gobierno socialista de haber adjudicado a través de Innovem diversos contratos de servicios en materia urbanística y edificación «a dedo» a la mercantil GIS Costera, SL, administrada por el exalcalde de Moixent, Vicent Francés. El juez concluye que este hecho merece un reproche «desde el punto de vista administrativo» porque se obvió la ley de contratación pública que obligaba a someter previamente dichas contrataciones a los principio de publicidad y concurrencia, pero no aprecia delito alguno porque «ningún perjuicio tuvo intención de causarse ni fue efectivamente causado» y no hubo «una arbitrariedad consciente y deliberada» en la conducta de los investigados. Además, los acuerdos adoptados no se tradujeron en gastos indebidos o desproporcionados para el erario público.

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