Las imágenes se volvieron virales a finales del pasado mes de noviembre, ocasionando un clima de indignación. Un total de 39 perros —y dos hurones— malvivían en una nave abandonada que ocupa las instalaciones que pertenecieron a la histórica papelera San Jorge. Muchos de los ejemplares estaban atados a la pared y también se encontraron crías vagando libres por las dependencias. El ayuntamiento de la capital de la Costera ordenó su clausura inmediata y los animales se encuentran desde entonces custodiados por voluntarios pertenecientes a las protectoras ADA de Canals y SPAX de Xàtiva. Las fuentes consultadas explicaron ayer que todos pasaron por el veterinario y «evolucionan muy bien».
Dos meses después de lo ocurrido, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Xàtiva ha acordado esta semana la imposición de un total de once multas por valor de 3.000 euros al responsable de la instalación. Según la documentación a la que ha tenido acceso Levante-EMV, le sancionan por un total de ocho faltas leves y tres muy graves. Todas están relacionadas con la ordenanza municipal de tenencia y protección de animales.
Las primeras siete multas leves —de 150 euros cada una— están causadas por el hecho de que siete de los animales que fueron hallados en el criadero ilegal no estaban dados de alta en el censo canino municipal. La octava multa leve está ocasionada porque algunos de los perros que sobrevivían hacinados en la nave estaban atados a la pared con correas de talla inferior a la permitida en el reglamento que regula la ordenanza municipal.
Las tres faltas graves —con sanciones de 600 euros cada una— han sido aprobadas porque tres de los perros que pertenecían a la manada del criadero tenían la vacuna de la rabia caducada. La propuesta de sanción resuelve el expediente iniciado por los técnicos municipales a tenor de las pruebas recogidas el día en el que se clausuraron las instalaciones. Hasta siete efectivos de la Policía Local —más un sargento de la Guardia Civil y una patrulla de la Policía Nacional— participaron en el dispositivo.
Primeras declaraciones
La detección y cierre de un criadero ilegal de perros en Xàtiva es un tema que también se está instruyendo de forma paralela en los juzgados. Iris Rubio, letrada de la asociación de Abogados Valencianos en Defensa Animal (Avada), presentó una denuncia sobre el caso ante la fiscalía. La entidad recopiló durante cerca de dos meses diferentes pruebas y testimonios para fundamentar el caso.
Rubio explicó ayer que el tema actualmente se encuentra en fase de investigación y que la semana que viene comenzará la fase de instrucción, con las primeras declaraciones en sede judicial.
Rubio estimó que las penas por lo ocurrido podrían alcanzar los 18 meses de prisión y los 8.000 euros en multas, que se sumarían a las ya resueltas por la Junta Local.
Sin embargo, la letrada matizó que el procedimiento no tendrá una tramitación rápida y que la sentencia sobre el caso podría llegar a finales de año o durante 2023: «Los tiempos son los que son. Desde Avada estaremos pendientes del tema. Eso está claro». Las declaraciones tendrán lugar en los juzgados de Xàtiva.
