Las conjunción de las protestas ciudadanas, la difusión mediática y la intervención política son tres elementos en íntima interrelación, cuya acción conjunta suele conseguir reacciones de calado, aunque no siempre definitivas. Esta vez han conseguido la visita de toda una Ministra de Transportes que visitó recientemente la Estación del Norte de Valencia e intentó dar respuesta a los graves problemas existentes en la Red de Cercanías. Lo intentó, aunque lo consiguió muy relativamente, quizás porque el problema no se arregla con unas cuantas contrataciones, ni sustituyendo trenes por autobuses, ni devolviendo el dinero de los viajes fallidos. A la mayoría de las personas usuarias de este servicio público les sabe a poco, a poquísimo, que haya informadores a pie de vía que ilustren sobre los retrasos y cancelaciones de los trenes que te debían llevar puntualmente al trabajo o a casa, después de un día cansado. De lo que se trata es de que no haya nada que informar en ese sentido. Dijo la ministra que en un par de semanas serán contratados ocho maquinistas. Aleluya, porque es, efectivamente, uno de los elementos esenciales para que el tren funcione. Pero son pocos para una plantilla con demasiadas bajas, por otra parte previsibles, en razón a las jubilaciones previstas que nadie se ocupó de cubrir. De los restantes elementos imprescindibles para el saneamiento integral de la red de cercanías, nada dijo.
Nada sobre las inversiones estructurales que se precisan para mejorar la red ferroviaria, nada sobre la adquisición de nuevos equipamientos. Que se abaraten los precios, es de agradecer pero el malestar de las personas usuarias no se resuelve con rebajas económicas sino con medidas que garanticen que todos los trenes previstos salgan y lleguen a su hora.
Eso no pasará mientras que la Red de cercanías siga siendo tratada como la hermana pobre, merecedora de una raquítica inversión de 3600 millones para sus más de 500 millones de pasajeros en todo el Estado frente a la generosidad con las líneas de alta velocidad que siendo utilizadas por cerca de 30 millones de pasajeros han recibido una inversión de casi 56.000 millones de euros, según la AIREF. Las cifras aburren, pero permiten entender de un vistazo dónde está el origen del problema.
A la Comunidad Valenciana, de esa «lluvia» escasa de millones nos han tocado unos 700 millones, que son calderilla en un paquete macroeconómico destinado a hacer frente a un conflicto social de tan enorme envergadura. El problema no admite demora. Más de ocho millones de viajeros se han buscado la vida para sus traslados personales o laborales y es seguro que las forzosas soluciones adoptadas no colaboran a la sostenibilidad medioambiental. Pero lo han hecho, hartos de verse perjudicados por un servicio público que les ha hecho llegar tarde al trabajo, perder consultas médicas, retrasarse ante exámenes decisivos…. Problemas del día a día que exasperan y desesperan, añadidos a otros tantos con los que hay que lidiar inevitablemente y absorben toda nuestra capacidad de resistencia a la frustración que se vive en un andén plagado de gente cabreada.
Las propuestas de la ministra han conseguido, por otra parte, la total coincidencia en la respuesta de partidos políticos y entidades ciudadanas que han salido en tromba, con argumentos más o menos interesantes o interesados, a contradecir a la Ministra del ramo.
Ella se habrá vuelto, seguro que en el AVE, a su despacho en el Ministerio, aunque es de esperar que se haya llevado la potente impresión de que esta gente de la Comunidad Valenciana no va a parar hasta conseguir el tren que les lleve a donde quieren ir.
