En medio de un horizonte marcado por la sequía, el cambio climático y el endurecimiento de la legislación vigente, once municipios de la Costera están forjando una alianza con el objetivo de garantizar, durante las próximas décadas, un suministro de agua potable en condiciones hasta sus depósitos de cabecera que, entre otras cosas, ponga remedio a las deficiencias registradas de manera periódica en algunas localidades, sobre todo en verano.
La entente, que se está fraguando a través del diseño de una gran comunidad de usuarios, surge en primer lugar de la necesidad de regularizar la concesión del pozo de la Plana de l’Alcúdia de Crespins, al que están ligadas -en mayor o menor medida- tanto esta población como las de Cerdà, Torrella, Llanera de Ranes, Rotglà, la Granja de la Costera, la Llosa de Ranes, Xàtiva y Canals. El permiso de explotación de la citada infraestructura, propiedad de la Diputación de Valencia, no se actualiza desde 1995 y ha de adaptarse a las nuevas exigencias en materia hídrica, con la tramitación de una nueva concesión certificada ante la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). La gestión del pozo se halla ahora mismo en un «limbo» legal que ocasiona escollos a algunas poblaciones con planes de ordenación urbanística pendientes de aprobar, puesto que la normativa autonómica obliga a los ayuntamientos a identificar la concesión de la que se abastecen y a asegurar la disponibilidad de suficientes recursos hídricos a largo plazo. Es el caso del PGOU de Rotglà, que fue anulado por los tribunales hace unos años, al no disponer el ayuntamiento de la titularidad del pozo de abastecimiento de agua a la población.
Los representantes municipales intensificaron los encuentros al comienzo de la legislatura para solventar lo antes posible la situación, aunque la pandemia ha retrasado el cumplimiento de los objetivos marcados. La semana pasada, en cualquier caso, se produjo un avance significativo en las negociaciones con la diputación para desencallar la problemática, tras la reunión mantenida con responsables de Egevasa. «Estamos contentos porque por fin tenemos una hoja de ruta», resume el vicealcalde de l’Alcúdia de Crespins, Roberto Granero. Lo prioritario ahora es constituir la comunidad de usuarios de la que formarán parte los once municipios de la Costera que comparten la explotación del pozo, a la espera del informe jurídico de una consultora que debe detallar los pasos a seguir.
Tres millones de m3 de agua
Como propietaria del pozo, la diputación sellará un convenio con la nueva entidad supramunicipal para que ésta pueda gestionar la concesión directamente con la CHJ. «Es algo similar a lo que se hizo en la Ribera y que está funcionando bien», subraya Granero. Aprovechando el nuevo escenario que se abre, el vicealcalde hace hincapié en la reivindicación de un plan de inversiones calendarizado ante la diputación -que seguirá siendo la encargada de la infraestructura, explotada a través de Egevasa- para mejorar el suministro de agua potable hasta los depósitos de los municipios de la comarca, puesto que en algunos puntos del trazado situados a una cota más baja, como por ejemplo entre Rotglà y la Llosa, suelen producirse reventones y otros problemas especialmente en verano, cuando el consumo aumenta.
El pozo de l’Alcúdia da de Crespins suministra 3 millones de metros cúbicos de agua a diferentes localidades de la Costera. Xàtiva capta el 50 % de esos recursos hídricos, aunque solo los dedica a abastecer una zona de polígono y la Bola. Canals tiene derechos sobre el pozo, pero actualmente no lo utiliza.
