Un dependiente de l’Alcúdia de Crespins —con un grado de discapacidad reconocido del 80%— espera desde hace 30 meses la concesión del servicio de teleasistencia solicitado a la Conselleria d’Igualtat, junto con una prestación económica, que sí ha sido atendida y concedida. El Síndic de Greuges ha instado a la administración autonómica a que resuelva «de manera urgente» la solicitud para que el vecino de l’Alcúdia de Crespins tenga el servicio de teleasistencia.
La familia del afectado solicitó en agosto de 2019 el reconocimiento de la situación de dependencia del hombre y la recepción del servicio de teleasistencia, así como una prestación económica vinculada al SAD (Servicio de Ayuda a Domicilio).
Esta prestación económica le fue reconocida, pero no la teleasistencia, un servicio con el que se dota a los mayores o dependientes de un dispositivo conectado a un centro atendido por personal cualificado y preparado, que el usuario puede activar, ante una situación de emergencia, pulsando un botón del mismo dispositivo. En marzo de 2021, el dependiente modificó estas preferencias de ayuda, cambiando la prestación económica vinculada a la SAD por una prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, manteniendo la petición del servicio de teleasistencia. En agosto de 2021 la conselleria resolvió el programa individual de atención (PIA), reconociéndole el derecho a la prestación económica —se le concedió una ayuda mensual de 387,64 euros—, con efectos desde febrero de 2020 (efectos retroactivos), pero siguió negándole el servicio de teleasistencia, para el que aún no ha emitido la resolución.
Después de 30 meses esperando este recurso, el afectado ha recurrido al Síndic de Greuges, que ha solicitado un informe a la Conselleria d’Igualtat sobre el caso. El departamento autonómico señala que se ha resuelto el recurso económico, la prestación de una ayuda para cuidados en el entorno familiar, pero sobre el segundo recurso solicitado, el servicio de teleasistencia, reconoce que «todavía no se ha emitido resolución». Desde la conselleria aseguran al Síndic de Greuges que «nuestra intención es emitir la resolución […] lo antes posible, y en todo caso, antes del transcurso del primer semestre de 2022».
Incumplimiento de plazos
El síndic Ángel Luna recrimina a la conselleria que «no ha cumplido con el plazo máximo previsto para la aprobación de la resolución PIA completa, pues reiteradamente ha dejado de atender la petición de la persona dependiente de contar con un servicio de teleasistencia, compatible con otros que ha solicitado». El plazo para aprobar la resolución de grado es de tres meses, y otros tres para aprobar la resolución del PIA, con lo que el plazo máximo es de seis meses. El vecino de l’Alcúdia de Crespins lleva 30 meses (dos años y medio) esperando respuesta sobre la solicitud del servicio de teleasistencia. Ángel Luna también reprocha al departamento autonómico que «no ha dado razón alguna sobre la demora o imposibilidad de ofrecer el servicio». El dictamen del Síndic de Greuges insta a la Conselleria d’Igualtat a resolver la solicitud del dependiente de l’Alcúdia de Crespins «de manera urgente» y que remita a la institución un informe aceptando las consideraciones realizadas por el defensor del pueblo valenciano.
