El juzgado de lo penal nº11 de València dejó ayer visto para sentencia el juicio abierto contra el alcalde de Benicolet, Mateo Prats, y el exalcalde (PP), Enrique Pastor (GIBE), a raíz de las acusaciones de un empresario que denuncia la supuesta permisividad del ayuntamiento frente a la proliferación de decenas de construcciones ilegales en la localidad durante décadas.
En su escrito de conclusiones, la fiscal asignada al caso pidió la absolución para los encausados al no apreciar suficientes indicios de culpabilidad en sus actuaciones. El Ministerio Público mantuvo su postura expresada al inicio de la vista oral y no vio motivos para imputarles un delito penal, puesto que a su juicio los dirigentes hicieron todo lo que estaba en sus manos (a Prats se le juzga por su mandato como alcalde entre 2011 y 2015) en el ejercicio de sus funciones.
La acusación, en cambio, solicitó que se condene a los acusados a penas de cárcel e inhabilitación por un delito continuado de prevaricación urbanística, al considerar que consintieron la consolidación de numerosas obras ilegales dilatando los plazos para lograr la caducidad de los expedientes, algunos de ellos vinculados a familiares y conocidos, sin que se actuara con suficiente diligencia para restaurar la legalidad urbanística una vez denunciados los casos.
Los acusados declararon en el juicio que un humilde ayuntamiento de las características del municipio de Benicolet, con menos de 600 habitantes empadronados, carece de medios, recursos y personal suficiente para tomar todas las medidas que podrían resultar oportunas en materia urbanística para controlar y perseguir las edificaciones fuera de ordenación y evitar incumplimientos de la normativa en todo su término. Fue un testimonio similar al que ofrecieron en anteriores comparecencias judiciales ante el juzgado de instrucción de Ontinyent: manifestaron que en todo momento han perseguido las construcciones que no se adaptaban la normativa y que muchas infracciones se arrastraban de hacía muchos años y habrían prescrito. También se escudaron en que actuaban siguiendo las indicaciones del secretario municipal, como responsable de velar por la legalidad del consistorio. El habilitado nacional al que se refirieron no pudo declarar porque falleció hace varios años.
Niegan la pasividad municipal
El exalcalde Pastor, que como Prats había sido exculpado en fase de instrucción en anteriores ocasiones de las mismas acusaciones, negó la pasividad municipal y declaró haber dado parte de todas las edificaciones irregulares detectadas. Los encausados acusaron al denunciante, exedil independiente en Benicolet y empresario, de emprender contra ellos una cacería, de generar crispación y de colapsar la actividad municipal con denuncias.
Las querellas de José Santamaría ya derivaron en 2019 en la inhabilitación del exalcalde Enrique Valle y de un arquitecto municipal por conceder licencias ilegales en la localidad. El denunciante sostiene que en Benicolet existen más de 200 construcciones entre chalés, naves y almacenes supuestamente ejecutados al margen del PGOU, localizadas en suelo agrícola o en parcelas protegidas. La acusación, que presentó abundante documentación y pruebas periciales en el juicio, sostiene que los alcaldes sí actúan contra unos vecinos y no contra otros.
