Suscríbete

Levante-EMV

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Un fondo buitre vende una casa con una orden de derribo en Ontinyent

La empresa se libra de las multas que quería imponerle el consistorio por incumplir la obligación de demoler la vivienda sin licencia arrastrada desde 2009 - La resolución se redirige a los nuevos dueños

Las obras de ampliación de la vivienda se iniciaron sin licencia y quedaron a medio hacer. | PERALES IBORRA

Sobre la antigua vivienda pesa una orden de derribo desde 2009 a raíz de unas obras de ampliación ejecutadas sin licencia que terminaron quedando paralizadas y a medio hacer, en una parcela de 1.550 metros cuadrados situada en la partida de la Solana de Ontinyent. Doce años después, el ayuntamiento abrió un procedimiento de ejecución forzosa después de constatar el incumplimiento de la resolución de restauración urbanística, pero cuando la división de Territorio se dirigió al fondo buitre radicado en Madrid bajo cuya titularidad figuraba el inmueble para imponerle las correspondientes multas coercitivas, todos los trámites resultaron infructuosos.

La empresa Gramina Homes, SL contestó al último requerimiento del consistorio indicando que vendió la parcela el 30 de noviembre y que ya no tenía nada que ver con ella ni con la construcción. Ante la sorpresa inicial, la información tuvo que pasar un filtro de verificación. A fecha de 25 de enero de 2022, la propiedad continuaba estando inscrita a nombre del fondo buitre, si bien la oficina de Urbanismo pudo constatar que se había producido un cambio en la titularidad catastral del terreno a favor de dos particulares, uno de ellos de origen extranjero. Gramina Homes ha asumido numerosos activos que se quedaron los bancos por impago de hipotecas y acumula quejas de varios ayuntamientos españoles por no atender sus súplicas para negociar y evitar el desahucio de familias de viviendas adquiridas por la compañía.

El giro en el guión de los acontecimientos ha obligado al Ayuntamiento a Ontinyent a modificar sus planes iniciales respecto al expendiente de restauración de la legalidad urbanística que pesa sobre la parcela del diseminado. Puesto que se ha comprobado que la orden de demolición de las obras ilegales que se dictó hace 13 años continúa vigente y que grava no a personas o empresas determinadas, sino al poseedor del bien en cuestión, quienes indiciariamente son los nuevos titulares del inmueble han quedado subrogados en la obligación de proceder al cumplimiento efectivo del derribo. El consistorio se ha dirigido a ellos para comunicarles la noticia, pero no han podido ser localizados en el domicilio del que se tiene constancia, por lo que el anuncio se ha hecho público.

Posibilidad de regularización

En cualquier caso, existe un posible resquicio al que podrían acogerse los propietarios para no tener que echar abajo lo ya construido. La parcela de la Solana se ubica en suelo no urbanizable, pero en este sector del diseminado se aprobó un plan parcial que prevé la suspensión de las órdenes de restauración y de los expedientes sancionadores si se opta por tramitar un instrumento de planeamiento o de gestión específico para regularizar los terrenos en los que se asientan edificaciones construidas sin licencia como esta. A través de un edicto, la concejalía de Territorio subraya su voluntad de facilitar a los interesados estos mecanismos de legalización, aunque les da un plazo de dos meses para que puedan acogerse a los mismos presentando la documentación y justificando la compatibilidad de las obras ejecutadas con la ley.

En caso contrario, la administración local volverá a retomar los pasos para completar la ejecución forzosa del derribo de los trabajos de ampliación de la antigua y deteriorada vivienda, que carecían de permiso municipal y quedaron paralizados hace tiempo. Ayer la parcela únicamente estaba habitada por un perro guardián.

Compartir el artículo

stats