Las dos casas que se desplomaron en la madrugada del miércoles en la calle Teixidors de Ontinyent estaban en proceso de ser derribadas de manera inminente. Uno de los inmuebles es propiedad de Caixabank y el otro, del ayuntamiento de la localidad, que ha adquirido varios edificios en esta degradada zona del barrio histórico que no está protegida con la idea de demolerlos y abrir espacio para crear una nueva plaza que permita regenerar la calle, donde solo vive una vecina. La entidad financiera había comenzado los trabajos para el derribo de su propiedad, aunque se había topado con el problema de que, por la proximidad entre ambas edificaciones, las obras generaban afecciones en la vivienda abandonada de titularidad municipal, cuya demolición estaba en proyecto. Al final, las dos se han venido abajo. Los trabajos se desescombro se retrasarán unas semanas, puesto que se ha detectado la presencia de amianto entre los restos. La previsión es que a finales de mayo una empresa pueda retirar los elementos para depositarlos en un lugar autorizado. La titular de la red eléctrica también ha dar permiso para proceder a desmantelar el cableado afectado por los derrumbes.
Los dos inmuebles estaban situados justo detrás de un nuevo bloque de viviendas que se está construyendo en la calle Mayor. En dicho edificio se habían colocado unas mallas de protección por precaución.
El consistorio también ha decidido ejecutar ya la retirada de los escombros que desde el viernes obstaculizan el paso por la calle Roses, en la parte baja del barrio de la Vila, tras el hundimiento de otra casa. Los trabajos, encargados a una empresa, darán comienzo a mediados de la semana que viene sin necesidad del permiso de Patrimonio.
Desde la corporación municipal sostienen que la Ley de Patrimonio es excesivamente restrictiva e impide actuar con la premura necesaria, al fijar unos condicionantes y unos trámites que alargan hasta la extenuación los tiempos para intervenir en los inmuebles en riesgo, dejando a los consistorios en una encrucijada que les puede salir cara tanto si actúan como si no. «Los que hacen la ley no tienen que aplicarla», indican fuentes municipales, que responden a las críticas de la oposición invitando a los concejales de estos partidos a instalarse a vivir en el barrio de la Vila y a posicionarse para pedir cambios a la Generalitat en beneficio de os municipios.
