Próximo ya a cumplirse el ecuador del año 2022, apenas nada se conoce todavía de la ejecución, contemplada en los presupuestos de la Generalitat para este año, de la iniciativa seleccionada en los presupuestos participativos autonómicos referida a la habilitación de un parque de viviendas públicas, adquiriendo, rehabilitando y adaptando 50 casas del centro histórico de Xàtiva para ofrecerlas a un precio asequible a jóvenes menores de 35 años, persiguiendo impulsar, como estrategia, un relevo generacional en una zona con población muy envejecida, conservando el patrimonio histórico y reactivando social y económicamente el casco antiguo.
Tan sólo hay que darse un paseo por las calles y plazas del segundo conjunto histórico-artístico más extenso de la Comunitat Valenciana para comprobar, a través del creciente mosaico de colores, letras y números de los carteles de «Se vende» de las inmobiliarias, y de los numerosos desprendimientos y hundimientos en casas del casco antiguo setabense –en los que la acción de la lluvia, a la que se atribuye la culpa, y hasta el dolo, no es sino la punta del iceberg de un proceso de deterioro, inacción y olvido que hunde sus raíces en décadas anteriores- que, como se decía en un reciente reportaje de la televisión autonómica valenciana À Punt, a pie de calle, el corazón histórico de Xàtiva se encuentra en peligro de destrucción.
Y ante esta situación de inacción que continua alargándose en el tiempo -con un ya inadmisible retraso de años para realizar, y ahora para publicar, el Plan Especial de Protección (PEP)- independientemente del color de los sucesivos gobiernos municipales, con partidos que en cada campaña electoral no se cansan de repetir, una y otra vez, que van actuar de una vez por todas para frenar el deterioro de la Xàtiva antigua y recuperar su esplendor perdido, cabe mirar hacia otros lugares en los que sí se está trabajando con seriedad y garantías en la recuperación de sus centros históricos.
Es el caso de la actuación del Consorcio de la Ciudad de Toledo, un organismo público creado en el año 2000 para la rehabilitación y revitalización de su valioso casco histórico. Con la participación de las administraciones del Estado, de la comunidad autónoma, de la diputación y del municipio, promoviendo y facilitando el ejercicio coordinado de sus competencias, este consorcio ha destinado gran parte de sus recursos a la concesión de subvenciones para la rehabilitación de las viviendas del casco antiguo, revalorizando sus elementos patrimoniales históricos y trabajando a su vez en la recuperación de bienes monumentales, patrimoniales y arqueológicos de la ciudad.
Hace pocos días, desde sus canales de comunicación, publicaba una actuación de regeneración urbana más –concretamente en el entorno del llamado Salón Rico de Toledo-, licitando obras de viviendas por valor de medio millón de euros con financiación a cargo del ayuntamiento y del Consorcio. El proyecto consiste en una intervención en el edificio del Corral de Don Diego para finalizarlo, desde la estructura ya hecha, de manera respetuosa con su protección patrimonial y adecuando su imagen final al entorno histórico en el que se ubica.
Se trata del tercer gran proyecto en la zona después de la licitación de las obras de conservación e integración de elementos del Salón Rico – proponiendo, además, visitas guiadas-, y del edificio anexo de la calle Trastámara, que contribuirá a regenerar y revitalizar, a través de este nuevo conjunto, la ciudad antigua de Toledo. Es otra manera de hacer las cosas en uno de los mejores centros históricos de Europa, declarado Patrimonio de la Humanidad que, tal vez y a escala, podría servir de ejemplo, para valiosos conjuntos históricos, como el de Xàtiva, que se encuentran muchos años por detrás en cuanto a gestión de la recuperación y revitalización de sus barrios antiguos, siempre y cuando, algún día, sus gobiernos municipales se decidan, de verdad, a apostar efectivamente por ello y a actuar de manera integral y coordinada con criterio, programación y garantía de futuro para su ciudad, a través de la colaboración entre administraciones contemplada en la vigente legislación, con iniciativas más dinámicas y efectivas.
