El juzgado de lo contencioso n°5 de València ha anulado el acuerdo plenario promovido por dos regidores tránsfugas de Canals que hace un año y un mes dejó sin retribuciones a los miembros del equipo de gobierno de Canals, en minoría desde la salida de los ediles de Ciudadanos, en 2018.
La sentencia considera «clara» la ilegalidad de la moción que aprobaron en bloque los partidos de la oposición de la localidad, PSPV y PP incluidos. El magistrado Marcos Marco reconoce el derecho de los concejales del ejecutivo (formado por Compromís y Canals en Moviment) a que se les restablezcan los sueldos por las dedicaciones exclusivas y parciales acordadas en el pleno de organización celebrado al comienzo de la legislatura, en julio de 2019, cuando se fijaron unos emolumentos de 37.029 euros anuales para la alcaldía, de 28.744 euros para dos tenientes de alcalde liberados al 100% y de 8.623 euros para otros tres concejales con una dedicación del 30 %.
La resolución condena al consistorio a que abone a los concejales del gobierno los salarios que han dejado de percibir en el último año, junto con las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social y los intereses de demora generados desde que se acordó la retirada de las retribuciones. Además, la acción de la oposición también ha derivado en la imposición de las costas judiciales al ayuntamiento, hasta un máximo de 1.500 euros. La alcaldesa de Canals, Mai Castells, compareció ayer junto a otros tres integrantes del gobierno municipal -y arropada por el diputado de Compromís JesúsPla- para dar a conocer el contenido de la «contundente» y«taxativa» sentencia. La primera edil arremetió contra la oposición por propiciar «un acuerdo que sabían que era ilegal», puesto que un informe del secretario municipal advirtió de que la facultad de asignar y retirar las retribuciones es exclusiva de la alcaldía. Lo mismo determinó un dictamen del Consell Jurídic Consultiu en 2018 que frenó otro intento similar de eliminar sueldos al gobierno en la pasada legislatura.
Castells ha culpado a la oposición de «intentar paralizar los servicios del ayuntamiento» con «una moción que era personal, no política» y que «atenta contra los derechos» de los concejales, que han estado un año sin Seguridad Social y sin poder cogerse bajas maternales o por enfermedad, como se ha dado en algún caso.
En otros municipios la oposición ha sido condenada por dar luz verde a mociones similiares a sabiendas de su ilegalidad. La alcaldesa, en ese sentido, no descartó la posibilidad de entablar acciones judiciales. Castells recalcó que, pese a no tener sueldos, el ejecutivo «se ha dejado la piel» y ha seguido trabajando «con la máxima dignidad y responsabilidad» y sacando adelante los asuntos importantes para el municipio. «La Justicia no da la razón al gobierno, sino al pueblo. Ya está bien de pervertir la política. La oposición debe trabajar por el bien de Canals y dedicarse a fiscalizar. A la hora de votar de cara a 2023 la gente deberá ser consciente de que si han hecho esto estando en la oposición, de qué serán capaces si gobiernan», ahondó la alcaldesa.
La oposición rechazó allanarse
Aunque la sentencia no es firme y puede ser recurrida, sería necesario otro acuerdo plenario, una vía que a juicio del regidor Miquel Alventosa representaría «una temeridad». Castells recordó que a finales de 2021 los partidos contrarios al gobierno tuvieron la opción de que el ayuntamiento se allanara en el proceso judicial abierto para ahorrarle los costes a la localidad, tras una propuesta del abogado del consistorio que, sin embargo, fue rechazada en el pleno. Para la alcaldesa, el único objetivo de la oposición ha sido bloquear la gestión del ayuntamiento y «poner palos en las ruedas» del equipo de gobierno «por una cuestión personal, no política», insistió.
