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Albaida lidera un frente para acabar con los pagos en negro a los músicos de banda

Solo un 10 % de las sociedades musicales valencianas se han adherido a la figura del voluntariado cultural promovida por la FSMCV para regularizar su actividad económica - Los presidentes de l’Aranya y de la SAM de Càrcer instan al resto de entidades a cumplir la legalidad

Un desfile de la banda durante los Moros i Cristians. | LEVANTE-EMV

Los presidentes de la Unió Musical l’Aranya de Albaida y de la Societat Artístico Musical La Vall de Càrcer, Josep Bodí y Vicent Miquel Juan, han impulsado un frente común para llamar la atención sobre una problemática enquistada que afecta al funcionamiento de las bandas y que tiene que ver con la falta de regulación y con la poca transparencia en la que se incurre de forma habitual a la hora de pagar a los músicos no profesionales. «¿Músicos voluntarios o empresas de músicos?» es el título del contundente comunicado firmado por ambos directivos que se escuchó en la última asamblea de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSCMV), celebrada este domingo en Segorbe.

Hace seis años, esta entidad inició una campaña para guiar a las bandas por el camino de la legalidad a través de la inclusión de las sociedades musicales en el marco jurídico de la Ley Valenciana del Voluntariado. El objetivo: que los músicos pasen a considerarse voluntarios culturales para que puedan percibir una compensación legal acordada por sus servicios sin que esta llegue a alcanzar la categoría de una retribución laboral.

Sin embargo, después de más de un lustro, solo alrededor de 60 de las 550 bandas existentes en el territorio valenciano (el 11 %) se han adherido a la citada figura del voluntariado cultural, un dato que los presidentes de l’Aranya y de la SAM de Càrcer ponen de relieve «con mucha tristeza y sorpresa». Los directivos críticos adiverten del riesgo al que se enfrentan las bandas cuya actividad económica no está regularizada en caso de una inspección de trabajo, después de que el Gobierno pusiera en marcha mecanismos para luchar contra el dinero negro y la economía sumergida que generan las asociaciones sin ánimo de lucro, y que ya han tenido efecto en otras comunidades. Bodí y Juan recuerdan que «las bandas y sus escuelas de música quedan en el punto de mira» y que los últimos responsables de las ilegalidades son los propios presidentes. También señalan que las sociedades musicales están obligadas a pagar anualmente el impuesto de sociedades porque cuentan como mínimo con un trabajador dado de alta y realizan al menos una actuación cobrada al año, aunque en la práctica no suele tramitarse este tributo en buena medida porque los pagos a los músicos a través de vías inadecuadas impiden cumplir la normativa. Los presidentes apoyan la solución del voluntariado músico-cultural porque, a su juicio, los intérpretes forman parte de una asociación «con unos valores humanos y generacionales, que ensaya todas las semanas, que disfruta haciendo cultura y que cuando sale a tocar recibe una compensación por toda la actividad que aporta y desarrolla en favor de su sociedad musical».

Llamada a la unidad

El escrito se dirige al resto de presidentes para invitarles «reflexionar» sobre por qué las numerosas acciones de concienciación y pedagogía promovidas por la FSCMV con el objetivo de que las bandas se acojan a esta figura no han resultado demasiado fructíferas. Bodí y Juan llama a la unidad de las diferentes sociedades musicales para conseguir situarse todas en el marco de la legalidad en un momento «importante, decisivo y crucial», tras la reciente declaración de las bandas como Patrimonio Cultural Inmaterial, un punto de partida para conseguir nuevos retos que serían «muy beneficiosos» para el colectivo, como el incremento de las ayudas públicas o un trato fiscal y laboral específico.

«¿No os dais cuenta de que si no vamos todos a un estamos haciéndonos competencia desleal entre nosotros?». «¿No será que lamentablemente a algunos directivos y músicos les conviene seguir haciendo las cosas fuera de la legalidad?» «¿Tiene que pasar algo grave para que reaccionemos?». Son algunos de los mensajes que lanzan los directivos de l’Aranya y de la SAM de Càrcer para agitar el debate.

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