La resolución del Tribunal de Cuentas (TC) no impone las costas del procedimiento al consistorio de Vallada como parte demandante al reconocer una serie de «complejidades jurídicas» en el examen del caso denunciado, puesto que hay en curso una serie de actuaciones de reclamación contra las empresas urbanizadoras que por ahora no permiten despejar las dudas sobre la realidad del perjuicio sufrido por el ayuntamiento. La corporación municipal no recurrirá la sentencia, aunque su representación difiere del criterio usado por el TC para declarar prescritos los pagos a la dirección facultativa.
