El juzgado de lo contencioso-administrativo nº 10 de València ha anulado la medida cautelar a través de la cual el Ayuntamiento de la Llosa de Ranes suspendió de empleo y sueldo a un agente de la Policía Local tras abrirle un expediente disciplinario. El fallo estima parcialmente el recurso interpuesto por el trabajador público —que tomó posesión en octubre de 2021—al apreciar que el consistorio vulneró su «derecho fundamental a la tutela judicial efectiva», adoptando una decisión que no considera motivada.
El policía local impugnó el decreto de alcaldía del mes de abril mediante el cual se le incoó un procedimiento disciplinarlo, puesto que en la resolución de apertura del expediente no se delimitaban los hechos que se le imputaban, generando su «indefensión» y la vulneración de derecho fundamental recogido en el artículo 24 de la Constitución. Con posterioridad, el trabajador añadió en su demanda la petición de anular el conjunto del expediente incoado, incluyendo los diferentes informes emitidos para sustentarlo, la información reservada tramitada en un procedimiento separado y otros medios probatorios.
El juzgado, sin embargo, deja todos estos elementos fuera del contencioso y circunscribe la nulidad a la medida cautelar que dejó al empleado sin empleo ni sueldo. Éste también denunció que el castigo se le había impuesto con carácter retroactivo —a partir del mes anterior a la resolución— y que se había vulnerado el tiempo máximo de suspensión legalmente establecido. La sentencia desestima estos dos últimos argumentos, pero tumba el decreto municipal tras recriminar al ayuntamiento que adoptara la medida «sin llegar a evaluar las circunstancias del caso concreto y sin justificar la razón de la suspensión acordada». En el expediente disciplinario se incluían dos informes detallados y con una motivación «adecuada y suficiente» en relación con la incoación del procedimiento disciplinario, pero ninguno de ellos entraba a valorar las circunstancias que justificaban la adopción de la suspensión cautelar. La conclusión a la que llega el magistrado tras examinar el caso es que el consistorio incumplió «el deber de especial motivación exigible a nivel constitucional y legal» para evitar la indefensión en los procesos sancionadores. La nulidad de la medida provisional implica el reconocimiento de que el consistorio ha de abonar al trabajador las retribuciones correspondientes de las que se le privaron.
Denuncia municipal
El agente de la policía local mantiene abierta una batalla contra el ayuntamiento para que se le reconozca el cobro de trienios. Ante la negativa municipal a acceder a sus pretensiones, el empleado acudió al Síndic de Greuges, que ha emitido dos resoluciones declarando la vulneración de los derechos de éste por la falta de respuesta a sus quejas. El consistorio indicó a este organismo que el agente no había acreditado los méritos académicos y los servicios prestados en otras administraciones y que se detectaron supuestas irregularidades en la elaboración del certificado que el trabajador «se negó a clarificar».
El ayuntamiento ha presentado una denuncia contra el empleado por unos hechos que presuntamente podrían ser constitutivos de un delito que en la corporación no quieren airear al estar judicializados. Fuentes del equipo de gobierno recalcan que la Fiscalía se opuso a la demanda del agente y que la sentencia que anula la suspensión cautelar «no entra en el fondo del asunto» que dio pie al castigo. También destacan que el fallo no condena en costas a ayuntamiento. «Hemos cumplido con nuestra obligación, el juez ha considerado que la medida cautelar no correspondía y cuando los hechos se sustancien en el juzgado exigiremos lo que corresponde. Este tema no ha terminado ni mucho menos», señala el alcalde de la Llosa, Evarist Aznar.
