La propuesta de ordenanzas fiscales que ha diseñado el equipo de gobierno de Xàtiva para 2023 introduce pocas novedades respecto a la aplicada este año. En un contexto de incremento desbocado de los precios, con la inflación anclada en el 10,5 %, el ejecutivo socialista ha decidido instalarse en la máxima del "que nada cambie para que todo siga igual" y congelar todos los impuestos y tasas. Traducido al lenguaje llano, esto significa que los contribuyentes pagarán lo mismo en el recibo mientras el ayuntamiento dispondrá de menos ingresos teniendo en cuenta que los gastos municipales son ahora muy superiores a los que se manejaban por estas mismas fechas en 2021.
El regidor de Hacienda, Ignacio Reig, invoca la incierta situación económica actual para defender la voluntad del consistorio de desplegar un esfuerzo suplementario que supondrá asumir el aumento de los costes a todos los niveles con tal de evitar más cargas a las familias. De esta manera, el impuesto que grava los bienes inmuebles (IBI) se mantendrá con el mismo coeficiente de los últimos años (0.59) y no sufrirá variación alguna. Lo mismo ocurrirá con el resto de tributos municipales. De cara a los presupuestos municipales, Reig tiene claro que tocará ajustar algunas partidas y echar mano de los remanentes positivos para equilibrar las cuentas.
2023 es año electoral y el gobierno municipal no ha querido arriesgar con demasiadas innovaciones de carácter fiscal. La única modificación en las ordenanzas fiscales que se aprobarán provisionalmente en la comisión de Hacienda de este viernes consiste en un nuevo recargo del 30% en el impuesto de la contribución que deberán pagar los grandes tenedores de viviendas desocupadas, entendiéndose estos como los propietarios (bancos o inmobiliarias) que disponen de diez o más inmuebles parados en Xàtiva. La medida se inscribe en el marco de la creación del registro de viviendas deshabitadas por parte del Consell a través de la Ley autonómica de Función Social de la Vivienda.
Inversión especulativa
La propuesta de modificación hace hincapié en la necesidad de paliar la problemática de los grandes conjuntos de viviendas vacías, propiedad de empresas inversoras en el sector inmobiliario, provocada por la utilización de la vivienda como mercancía de inversión especulativa. "Las consecuencias de la mercantilización de la vivienda han sido devastadoras para muchos ciudadanos y ha generado un grave problema de desahucios", señala el texto, que aboga por "favorecer el uso de la vivienda como un derecho básico del ciudadanos y evitar dinámicas especulativas". La normativa autonómica permite a los ayuntamientos exigir recargos de hasta el 50% en la cuota líquida del IBI a los propietario de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, aunque el consistorio de Xàtiva ha decidido fijar ese máximo en el 30%.
De momento no se ha determinado a cuántos contribuyentes se les aplicará este recargo; habrá que esperar a final de año para poder certificar el número de propiedades residenciales sin uso en función de la aplicación del citado registro de la Generalitat. El consistorio podrá declarar de oficio las que están vacías realizando las comprobaciones oportunas, a partir de indicios como los consumos de servicios de suministros de las viviendas. Hay que recordar que en 2015 el Ayuntamiento de Xàtiva ya aprobó aplicar un recargo del 50% a los propietarios con más de tres viviendas en propiedad sin uso, si bien esta iniciativa quedó a expensas de desarrollar un reglamento para cuantificar los inmuebles desocupados y no hay noticias ni un seguimiento de su aplicación. Ahora, en cambio, existe una normativa autonómica en la que se puede basar la corporación para exigir la penalización. De cara a la comisión de este viernes, Xàtiva Unida ha propuesto una batería de medidas que implicarían reformas fiscales de mayor calado y una revisión catastral que desde el ejecutivo descartan a corto plazo. El PP no ha registrado ninguna propuesta.
