El pasado viernes tuvo lugar en la Casa de la Cultura de Xàtiva la presentación del libro Los campos de concentración de Franco: sometimiento, tortura y muerte tras las alambradas, de Carlos Hernández, en un acto organizado por Xàtiva Unida. Una investigación del periodista, excorresponsal de guerra y redactor del Eldiario.es, en la que intenta responder a la pregunta de cuántos campos de concentración se crearon durante la guerra y dictadura franquista, entre los que destapa uno que funcionó en Ontinyent y otro en Manuel. Otro tema que ha pasado desapercibido en la historia de España, consecuencia del pacto de silencio establecido durante la Transición, en lo que define “como una amnesia programada que le provoca a España numerosos efectos secundarios”.
Con la documentación de los archivos del ejército sublevado ha podido documentar unos 298 campos. Una cifra que incrementa, ya que ha localizado más desde que publicara el presente estudio en el año de 2019, y que la pandemia hizo retrasar su presentación en Xàtiva. Un autor que ya había estado en la capital de la Costera, donde presentó el libro de los Últimos españoles en Mauthausen. Otra de las razones para explicar el desconocimiento de la existencia de los campos de trabajo esclavista franquistas, es que fueron eclipsados por el horror de los campos de exterminio nazi, mucho peores, y con una mayor repercusión mediática, ya que en opinión del autor jamás se les intentó “robar su memoria ni falsear su historia”, como en el caso de los españoles.
Estuvieron vigentes desde el mismo momento del golpe militar hasta la década de los años 60, adaptándose a las diversas coyunturas políticas fruto del contexto político internacional, y de las nuevas necesidades de represión social. Proliferaron arbitrariamente a medida que las tropas franquistas ocupaban territorios, hasta que en 1937 se publicó la Orden que centralizaba todos ellos en torno a la Inspección General de los Campos de Concentración de Prisioneros, que fueron adaptando diversas nomenclaturas, según el devenir de los acontecimientos, como Dirección General de Prisiones, Batallones de Trabajadores, Colonias Penitenciarias o Redención de Penas por el Trabajo, y con objetivos más “didácticos”, como el de la reeducación necesaria para asimilar los valores de la Nueva España.
Por su cercanía a Xàtiva, destacan el de Manuel, que estuvo activo entre mayo y abril de 1939, llegando a contar con 17.000 prisioneros, y el de Ontinyent, que utilizó como improvisado centro penitenciario el campo de fútbol de la localidad hasta abril de 1939, y a partir de 1940 fue usado para concentrar a extranjeros que escapaban de la Segunda Guerra Mundial. Calcula Carlos Hernández que entre 700.000 y un millón de españoles pasaron por ellos, para realizar trabajos forzados en condiciones de esclavitud, que beneficiaron económicamente al propio Régimen o a numerosas empresas privadas.
Las atrocidades cometidas resultan imposibles de documentar al no quedar registros escritos. La mayoría de las prisiones se ubicaron en grandes construcciones que antes de la guerra se habían utilizado como plazas de toros, conventos religiosos, fábricas o campos deportivos. Otros, los menos, fueron construidos al aire libre, con decenas de improvisados barracones rodeados de alambradas.
No existieron juicios ni tribunales previos. La condena era impuesta por una comisión clasificatoria que decidía penas o indultos en base a informes emitidos por alcaldes, párrocos, jefes de la Guardia Civil, y dirigentes de Falange de las localidades natales de los detenidos, normalmente soldados republicanos que venían del frente, o cargos políticos de la época republicana. Si los informes eran favorables, eran puestos en libertad, siempre que hubieran ido a la guerra por leva forzosa. Aunque muchos no se salvasen de volver hacer “la mili” en el ejército de Franco. Los informes desfavorables leves, aquellos simpatizantes, militantes de izquierdas, o con cargos políticos, serían enviados a campos de trabajo forzado con condenas de diferente duración. Los desafectos graves, con delitos de sangre iban a prisión y estaban a disposición de la Auditoría de Guerra para ser procesados por un tribunal militar, o podían ser asesinados en el propio campo, a petición de los falangistas llegados al campo de su localidad natal, y que los pudiese identificar como responsable de asesinatos en la retaguardia republicana.
