Una sociedad radicada en Madrid pretende desplegar una inversión de 11 millones de euros para ubicar una planta de energía fotovoltaica de 20 megavatios de potencia que ocuparía 45,60 hectáreas en las partidas La Torre y el Pinar de Castelló de Rugat. La promotora, Polux Venture Energy, SL, ha presentado ya los permisos oportunos para instalar 30.270 paneles solares en un conjunto de medio centenar de parcelas no urbanizables de tipología agraria pegadas a los barrancos de l’Ofra y Marxillent, prácticamente en el límite con el término municipal de la Pobla del Duc.
El complejo se proyecta a muy poca distancia (algo de más de 1 kilómetro) del parque fotovoltaico de 29 megavatios promovido por la compañía IM2 sobre una superficie de 60 hectáreas en la zona de la Casa del Retor y Sarient, que comenzó a tramitarse en marzo. A diferencia de esta iniciativa, la nueva propuesta no plantea una línea aérea para evacuar la energía, sino que contempla un trazado subterráneo de media tensión con seis centros de transformación que se conectaría con la línea eléctrica Alzira-Alcoi.
La planta cuenta de momento con un certificado de compatibilidad urbanística por parte del ayuntamiento, así como con los informes favorables de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura. Sin embargo, una prospección arqueológica previa llevada a cabo por este último departamento autonómico determinó que la actuación genera una afección directa tanto al yacimiento romano de Marxillent como a dos nuevos yacimientos identificados en esos trabajos (Marxilent I y Marxilent II). En un entorno inmediato se hallan otros tres yacimientos arqueológicos afectados "indirectamente", en el Campo de la Carrasqueta, El Pinar y La Torre.
Teniendo en cuenta esta circunstancia, Patrimonio condicionó los permisos a que se realicen sondeos arqueológicos en cuatro parcelas con anterioridad a la ejecución de las obras, con la finalidad de definir las características y extensión de los yacimientos, algo que la empresa ha asumido en su proyecto, bajo el compromiso de "evitar afecciones" en los mismos. La conselleria también instó en mayo a llevar un "control y seguimiento arqueológico intensivo" por parte de técnicos especializados, en especial "de los movimientos de tierras que se lleven a cabo y que tengan una afectación sobre el subsuelo". Según advierte el informe de Patrimonio, "desde el punto de vista etnológico se trata de una zona de gran riqueza cuyo patrimonio puede tener una afección directa". Igualmente, la conselleria considera que la intervención debe respetar en la medida de lo posible una serie de bienes etnológicos entre los que se encuentran casetas de labranza y pozos de una antigua fábrica de ladrillos.
Problemas de inundabilidad del suelo
Aunque las instalaciones -que tendrían una vida útil de 30 años- ocuparían parcialmente la zona de policía de dos cauces públicos, la CHJ ha concedido inicialmente su permiso a la actuación porque el parque fotovoltaico no tendría incidencia en el régimen de corrientes de los mismos. Sin embargo, dentro del perímetro de la planta sí que se presentan "problemas de inundabilidad y erosionabilidad del suelo", por lo que el organismo de cuenca ha recomendado a la promotora elevar los equipos eléctricos al menos hasta la máxima cota de agua obtenida o implantar un sistema de drenaje eficaz con el objetivo de "mitigar las afección de los flujos difusos". Las obras, además, deberán llevarse a cabo bajo la supervisión de la Confederación.
El alcalde de Castelló de Rugat, Antonio Esquinas, duda de que las dos plantas proyectadas en la localidad tan cercanas entre sí sean viables por sus dimensiones, teniendo en cuenta que entre las dos suman más de 100 hectáreas, el equivalente al 20% del suelo no urbanizable del término, cuando la normativa autonómica fijó un máximo de ocupación del 3% (salvo en determinadas excepciones). El ayuntamiento de la localidad promovió una encuesta entre la población cuyos resultados arrojaron que una mayoría de vecinos está a favor de estos parques solares siempre y cuando respeten lo máximo posible el paisaje y el medio ambiente.
El alcalde recalca que la nueva instalación fotovoltaica sometida a información pública tendrá que cumplir las exigencias de la Generalitat para obtener las autorizaciones ambientales correspondientes y, para ello, la empresa ha planteado una serie de estudios en los que se compromete a limitar las afecciones con tal de integrar la planta en el medio bajo criterios de sostenibilidad. Esquinas subraya que el consistorio no tiene competencias en la decisión sobre la ubicación de las plantas y defiende una mayor autonomía municipal en ese sentido. Lo mismo han solicitado los ayuntamientos de Montesa, Moixent y Barxeta a través de la aprobación de mociones que abogan por una normativa respetuosa con la autonomía municipal y la ordenación del territorio, según ha informado Acció Ecologista-Agró.
