Jueces, abogados, procuradores, alcaldes, partidos políticos, sindicatos y entidades feministas. La decisión de la Administración de Justicia de trasladar a Alzira los procedimientos de violencia machista que hasta ahora recaían en los juzgados de Xàtiva ha despertado el rechazo generalizado de todos los colectivos implicados en las comarcas de la Costera y la Canal de Navarrés. Sorpresa, malestar, inquietud e indignación por la falta de diálogo y consenso previo son los sentimientos que ondean en el ambiente a raíz de la noticia.

El Real Decreto aprobado por el Gobierno establece en la capital de la Ribera Alta un "superjuzgado" exclusivo y especializado en delitos contra la mujer que se pondrá en marcha el 31 de diciembre y que asumirá todos los casos relacionados con esta materia vinculados a tres partidos judiciales: Alzira, Carlet y Xàtiva.

Sobre el papel, la medida ejecutada por el Gobierno responde a una estrategia para combatir la sobrecarga que soportan los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción que compatibilizan violencia de género con el resto de asuntos del orden jurisdiccional. Desde Justicia mantienen que las víctimas de la lacra machista "ganarán" con una atención "más especializada y de calidad", porque el juzgado será exclusivo para tratar estos casos.

En la práctica, sin embargo, la reorganización implica que una vecina de Bicorp que quiera interponer una denuncia de violencia de género tendrá que recorrer los 58 kilómetros que separan a su pueblo de Alzira, un trayecto de al menos una hora por carretera. La distancia es similar para otras poblaciones, teniendo en cuenta el amplio radio geográfico que abarca el partido judicial de Xàtiva.

Reunión urgente con el alcalde

El terremoto provocado por el decreto ya ha desencadenado la primera réplica: el alcalde de Xàtiva y la consellera de Justicia mantendrán el próximo lunes una reunión para abordar sus consecuencias. Roger Cerdà quiere trasladar en persona a Gabriela Bravo las dudas y el desacuerdo que han manifestado tanto la jueza decana de Xàtiva como el Colegio de Abogados y otros alcaldes y dirigentes políticos de la Costera y la Canal, que temen que la medida suponga un retroceso en la atención de proximidad a las víctimas. Cerdà también exigirá que, con el nuevo Palacio de Justicia previsto en Santa Clara, se incorporen nuevas unidades a los juzgados de Xàtiva, entre ellas una de violencia contra la mujer.

En enero, la Conselleria de Justicia planteó al Ministerio una propuesta que implicaba la creación de un juzgado exclusivo de violencia machista en Xàtiva que absorbería los procedimientos iniciados en el partido judicial de Ontinyent. La capital de la Vall d'Albaida se puso en pie de guerra contra esta decisión y, de momento, ha conseguido que sus juzgado mantengan su jurisdicción sobre los asuntos en materia de violencia machista de la comarca, aunque no con carácter exclusivo. Desde la administración que dirige Bravo aseguran que, en cualquier momento, la capital de la Costera podría recuperar las competencias perdidas. En la conselleria atribuyen al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la decisión última sobre la agrupación de los procedimientos en Alzira, que se basa en el criterio de que no existía una suficiente carga de trabajo en lo relativo a la violencia machista en Xàtiva.

Las mismas fuentes recalcan que la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito de Xàtiva seguirá coordinando las denuncias y se encargará de poner un taxi gratuito a las víctimas para facilitarles su desplazamiento hasta Alzira. Los juzgados de la capital de la Costera continuarán atendiendo las urgencias en materia de violencia de género.

"Disconformidad total" de los abogados

El delegado del Colegio de Abogados en Xàtiva, Juan Benavent, mostró ayer la "disconformidad total" del colectivo con una resolución que se ha adoptado sin ningún tipo de comunicación previa. A su juicio, la medida supone un "agravio" y una "carga añadida" tanto para las víctimas que tendrán que recorrer más kilómetros como para los profesionales. "No acabamos de encontrarle el sentido", mantiene Benavent, que señala como especialmente damnificadas a las poblaciones más alejadas de la sede del partido judicial como Quesa o la Font de la Figueras. "Lo más lógico sería acercar la justicia al ciudadano y no que cada vez se aleja más", remacha el delegado.

Para los abogados José Luis Gutiérrez y Fernando Clemente, la medida es directamente una "aberración". Gutiérrez, que pertenece a una familia que lleva cinco generaciones vinculada al mundo de la justicia en Xàtiva, recuerda que el traslado de los casos a Alzira ya se intentó en la época en la que era conseller Fernando de Rosa (PP), pero acabó frenándose por el rechazo de los sectores afectados. A su juicio, la redistribución va en contra de la ley que estructura la planta judicial en comarcas y perjudicaría especialmente a las víctimas.

Para Gutiérrez, el nuevo juzgado de violencia machista de Alzira "nace muerto y condenado" por el grado de saturación que soportará, dado que tendrá que sumar los procedimientos de dos comarcas de gran extensión como la Costera y la Canal de Navarrés a los de los que generan los partidos de judiciales de Alzira y Sueca, con ciudades de gran tamaño y con un alto grado de litigiosidad. En esta tesitura, vaticina que el órgano no podrá atender todos los asuntos y muchos acabarán recayendo en el turno de guardia de los juzgados de Xàtiva a partir de las 13 horas, generando desajustes y problemas en la gestión de los casos y las diligencias. "No es práctico, ni efectivo ni rentable, sino un disparate que se ha decidido desde un despacho sin consultar con nadie que trabaja sobre el terreno. Están vistiendo un santo para desvestir otro", remacha Gutiérrez.

Malestar en el PSPV y críticas del PP y Xàtiva Unida

La reorganización judicial no ha sentado bien a los alcaldes y dirigentes políticos de la Costera y la Canal, que piden a la conselleria explicaciones y no descartan elevar el tono si estas no les convencen. "Ha sido una sorpresa, se nos había trasladado que se iba a mantener el juzgado de violencia machista", señaló ayer el secretario comarcal socialista, Roberto Granero, vicelalcalde de l'Alcúdia de Crespins. "Parece ser que la medida puede ser temporal, pero queremos tener toda la información antes de decidir si tenemos que llevar a cabo alguna reacción institucional y política". "La gente de los pueblos está acostumbrada a hacer sus gestiones jurídicas o administrativa en Xàtiva: no lo es lo mismo que ir a Alzira", ahonda granero. Para el dirigente socialista, "aumentar distancias no es positivo ni acertado" cuando "se está trabajando muy bien en todos los aspectos en protección de las víctimas de violencia machista".

El PP de Xàtiva también ha lamentado la pérdida de la competencia en materia de violencia de género del partido judicial de Xàtiva. "Nos produce verdadera perplejidad lo publicado ayer en el BOE, otorgando las competencias a los juzgados de Alzira, teniendo en cuenta la perspectiva de la construcción de la nueva sede judicial. Esta nueva situación supone un retroceso y un gran perjuicio a la ciudad de Xàtiva en la prestación de servicios básicos", mantienen los populares. 

El concejal y candidato del Partido Popular a la alcaldía de Xàtiva, Marcos Sanchis, ha manifestado su “profundo malestar y condena a la decisión del gobierno socialista de eliminar el juzgado de violencia de género en Xàtiva. Al final vemos como una vez más Ontinyent y Alzira consiguen mantener servicios y Xàtiva va en caída libre. El alcalde está más pendiente de programar orquestas y eventos que de asegurar unos servicios básicos que nuestra ciudad debería tener, desde la Generalitat lo saben y poco a poco están quitando competencias a Xàtiva en favor de otras ciudades más preocupadas por avanzar que por organizar saraos para autopromociónarse cara a elecciones. Al final la eliminación del servicio a las víctimas de violencia de género, supone un retroceso en los derechos de los ciudadanos y un alejamiento de la justicia”.

Para concluir Marcos Sanchis ha afirmado que “vamos a pedir a nuestros diputados del Partido popular en Corts y en Cortes Generales que pidan explicaciones por este atropello a los responsables socialistas. Asimismo nos ponemos a disposición de los profesionales del derecho que ejercen en el partido judicial de Xàtiva para atender cuantas demandas precisen”.

La formación Xàtiva Unida ha también cargado duramente contra una decisión que, a su juicio, supone "un paso atrás en la carta de servicios que ofrecía la ciudad" en la lucha contra la violencia de género. La regidora Amor Amorós ha mostrado su "perplejidad" por la noticia y ha pedido "un alcalde y un gobierno municipal más proactivo que evite la pérdida constante de servicios y competencias". De hecho, esta nueva situación tendrá como principal consecuencia el alejamiento de un servicio que consideramos prioritario no solo para la ciudadanía de Xàtiva sino que también para el resto de las poblaciones que conforman las comarcas de la Costera y la Canal de Navarrés. "Llevamos años anunciando el nuevo palacio de justicia en el edificio municipal de Santa Clara y hasta ahora solo tenemos los mismos juzgados y ahora con menos competencias", apostillan.

Ontinyent celebra que se mantengan los casos de violencia machista en sus juzgados

En el reverso de la moneda, el gobierno municipal de Ontinyent ha manifestado su satisfacción por el hecho de que tanto la conselleria como el ministerio hayan atendido sus demandas y se mantengan las atribuciones en materia de violencia machista en la capital de la Vall d'Albaida. "Esto evitará el desplazamiento de nuestras mujeres a otras ciudades y su revictimización", celebra la portavoz de La Vall ens Uneix en Ontinyent, Natàlia Enguix.

No obstante, desde el ejecutivo que preside Jorge Rodríguez continúan reclamando la creación un juzgado exclusivo contra la violencia de género en Ontinyent. "Lamentamos que a partir de ahora las mujeres de la Vall d'Albaida que dependen del partido judicial de Xàtiva tengan que desplazarse a Alzira y seguiremos reclamando que todos los recursos contra la violencia de género estén el más cerca posible de su lugar de residencia", señala Enguix