Defender en Madrid el partido judicial de xàtiva

Más que sorprender el concepto de agrupación, dada la pretensión del Decreto de atender a la carga de trabajo existente, disposición presupuestaria y estructuración, tratando de alcanzar un correcto equilibrio entre el mantenimiento de una proximidad razonable del juzgado respecto de la víctima y la respuesta especializada que exige el tratamiento de este tipo de procedimiento, así como atender el mandato legal de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, llama la atención el hecho que en los anuncios previos a la configuración final del texto legal, presuponiendo unos estudios previos y de análisis de cierto rigor y entidad, se habilitaba este juzgado en el partido judicial de Xàtiva. De hecho la Comisión Mixta —TSJCV y Conselleria de Justicia de la Generalitat Valenciana— aprobó así la propuesta en el mes de enero. ¿Qué es lo que ha cambiado?

Al respecto de una presuntamente objetiva racionalización de la estructura y planta judicial en la Comunitat Valenciana y de la contabilización de la llamada carga de trabajo, vuelve a llover sobre mojado en el partido judicial de Xàtiva. La grave mutilación del partido judicial setabense de finales de los años 80 del pasado siglo, reduciendo su importancia y el área de influencia histórica que siempre tuvo, en beneficio de Alzira y Ontinyent y, unos años más tarde, el ninguneo de la no ubicación de fiscalía y juzgado de lo penal, que se llevó Alzira, tras haber acrecentado el número de pueblos de su partido judicial a costa del de Xàtiva, fueron dos graves varapalos. Además, en ambas pérdidas, los dos partidos mayoritarios de izquierda y derecha que gobernaban en la ciudad, la comunidad autónoma y en el Estado tenían las mismas siglas, lo que refleja la nula capacidad de influencia de los dirigentes locales en grandes decisiones políticas nacionales que afectaron de manera destacada al ámbito local.

Ahora la amenaza continúa y ahondará en la pérdida importante de servicios de la ciudad, pudiendo generar además un «efecto dominó» sobre servicios policiales, administrativos y electorales básicos, pudiendo poner en duda su viabilidad en una ciudad de 29.000 habitantes, cabecera de unos territorios cada vez más despoblados, envejecidos, vaciados y olvidados.

Está bien y es necesaria la movilización ciudadana y sectorial en la ciudad y su área de influencia para defender y exigir la habilitación del juzgado en el partido judicial de Xàtiva, con su dotación adecuada de medios materiales y personales, pero visto como se ha puesto de perfil una administración autonómica, con las vagas promesas de su consellera de Justicia ante la reivindicación de la ciudad, cuando esa misma administración consideraba hace unos meses como oportuna la habilitación del juzgado de violencia sobre la mujer en el partido judicial, tal vez haya que elevar foco de la exigencia desde la ciudad directamente hacia el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial en Madrid que son quienes tienen la potestad, en última instancia, respecto a la legislación en materia judicial.

Existen diversos ejemplos sobre como desde la ciudad se consiguió, en contacto directo con autoridades y organismos estatales, declaraciones y resoluciones administrativas de reconocimiento de servicios en materias como patrimonio histórico, museos o servicios de titularidad estatal. Tal vez vuelva a ser el momento de salir de la ciudad y la comunidad autónoma llamando, con conocimiento, motivos y argumentos, a las puertas de los centros últimos de decisión político-administrativos para defender el partido judicial de Xàtiva. El futuro de la ciudad y su área territorial vinculada lo requiere.