Benigànim busca legalizar tres áreas residenciales de 35 hectáreas en suelo no urbanizable

El Servicio Territorial de Urbanismo de Valencia ha iniciado la tramitación de tres planes especiales de minimización de impacto territorial impulsados por el Ayuntamiento de Benigànim para legalizar un conjunto de viviendas residenciales implantadas de manera irregular en tres ámbitos aislados de suelo rural y no urbanizable de la localidad con una superficie total de 35 hectáreas.

Antes de dar luz verde a estas operaciones urbanísticas -tras la fase de consulta pública- la Generalitat ha de examinar los proyectos y emitir los oportunos informes de evaluación ambiental y territorial estratégica favorables, en cumplimiento de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup). El objetivo promovido por el consistorio es minimizar el impacto que producen las edificaciones preexistentes sobre el medio rural a tiempo que se da una solución para encuadrar dentro de la legalidad aquellas construcciones acabadas antes del 20 de agosto de 2014, las únicas que pueden ser legalizadas con el citado instrumento.

La primera de las agrupaciones objeto de regularización se localiza al noreste del núcleo urbano de Benigànim, entre la vía pecuaria Colada del Camino del Corral Viejo, el Camino de Torrella y el barranco del Sequiar. Se trata de un diseminado con una densidad mayor a 3 viviendas por hectárea con una extensión aproximada de 98.671 metros cuadrados emplazado en una zona sensiblemente llana, cercana al casco urbano del municipio y bien comunicada con el mismo, aunque asentada sobre suelos críticos para la recarga y almacenamiento de agua en los acuíferos de la Comunitat Valenciana. La ausencia de una red de fecales y la utilización de fosas sépticas por parte de los residentes de las casas situadas dentro del perímetro hacen "más importante si cabe la actuación de la minimización de impactos", según subraya el borrador de la actuación diseñada por la corporación municipal.

La segunda agrupación de casas incluida en el proceso está pegada a la anterior y ocupa una superficie de casi 60.000 metros cuadrados entre la vía pecuaria Colada del Camino del Corral Viejo, el Camino de Torrella, la carretera CV-611 y el barranco del Sequiar. El tercer enclave a legalizar está próximo, entre las carreteras CV-611 y CV-6111, tiene una forma irregular y tiene una densidad superior a tres viviendas por hectáreas, con una superficie total de 90.713 metros cuadrados.

Los planes especiales tramitados han de identificar los impactos medioambientales y paisajísticos en el medio y proponer medidas de mitigación, estableciendo una serie de actuaciones correctoras. Si no se aprueban, la normativa establece la necesidad de dictar y ejecutar órdenes de protección de la legalidad urbanística para legalizar estas viviendas. "La inoperancia en este sentido agravaría el problema de los vertidos incontrolados y de la falta de seguridad ante cualquier emergencia en la zona", recalcan desde el consistorio.

En el marco de la fase de consulta pública se ha dado a los vecinos de Benigànim la opción de presentar sugerencias para mejorar los planes especiales de minimización rellenando un cuestionario en el ayuntamiento.  

Quatretonda ya inició un procedimiento similar

El de Benigànim no es el único ayuntamiento de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida que tramita estos instrumentos para intentar poner coto y dar solución a la proliferación de casitas en suelo no urbanizable. Recientemente, el consistorio de Quatretonda  activó los trámites para minimizar el impacto y legalizar 17 viviendas edificadas antes de 2014 en tres núcleos aislados de suelo no urbanizable protegido de la localidad, con catalogación rural y forestal. Las construcciones que pueden acogerse a este procedimiento de regularización se ejecutaron sin licencia pero han adquirido cierto grado de consolidación con el tiempo, al haber prescrito las acciones que las administraciones públicas podían haber ejercido en su momento para su derribo. 

Eso sí, la adecuación de estas casitas a la normativa no le saldrá gratis a sus propietarios, que deberán ejecutar una serie de obras para dotar a los inmuebles de unos servicios urbanísticos mínimos y de una serie de medidas de protección forestal y medioambiental, al emplazarse en enclaves formados por antiguas parcelas  forestales o dedicadas a cultivos hoy en retroceso sobre las que progresivamente se fueron ejecutando edificaciones. 

En otros municipios como Ontinyent se han tramitado en los últimos años numerosos procedimientos similares impulsados por los propios dueños de viviendas ubicadas en los diseminados de la ciudad con la intención de regularizar su situación.

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