El ministerio cuestiona la presa de Montesa por su impacto y el "deterioro” del Canyoles

La Dirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica ha puesto en duda la viabilidad de la presa de 56 metros de altura proyectada en Montesa tras advertir del "deterioro significativo" que podría producir tanto en la masa de agua del río Canyoles y aguas abajo, en el río Albaida, como en los espacios naturales protegidos del enclave donde se emplazaría.

La declaración ambiental estratégica del nuevo Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación del Júcar que ha emitido el organismo estatal impone una serie de condicionantes para la aprobación definitiva de este instrumento, entre los que figura la necesidad de que se aporten nuevos estudios y se evalúen otras alternativas antes del diseño definitivo de la infraestructura de la Costera, pensada sobre todo para prevenir las grandes avenidas de agua que ponen vidas en riesgo durante los episodios de lluvias torrenciales en los municipios de la Ribera Alta.

Los técnicos del área de Evaluación Ambiental aprecian lagunas en la programación presentada por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), al considerar que no se justifica suficientemente la aplicación del artículo de la Directiva Marco del Agua que antepone los beneficios de las nuevas obras hidráulicas al empeoramiento de los ríos que estas pueden ocasionar. En ese sentido, la resolución insta a "buscar actuaciones alternativas menos agresivas, mediante medidas naturales de retención de agua o mejorando la funcionalidad de la presa de Bellús" que deberán plasmarse -junto al análisis de su efectividad y viabilidad- en la versión definitiva del plan.

El informe ambiental emitido por el ministerio avisa de que el proyecto de la presa de Montesa -cuya redacción se adjudicó en julio con un plazo para elaborarse de dos años- deberá superar un procedimiento específico de evaluación de impacto ambiental, por lo que deberán revisarse a fondo las repercusiones que esta tendrá sobre los espacios de la Red Natura 2000, "abarcando un ámbito suficientemente amplio aguas arriba y abajo" del embalse, además de incorporar un estudio hidrológico y de conectividad que analice sus efectos sobre el estado de la masas de agua afectadas, así como sendos estudios de impacto paisajístico y del patrimonio cultural y un plan de restauración de la zona de implantación.

No se consideran otras alternativas

De entre la abundante documentación correspondiente a la nueva planificación hidrológica remitida por la CHJ para su revisión, la resolución de la Dirección General de Evaluación Ambiental identifica tres actuaciones (entre ellas la presa de Montesa) que generarían "impactos ambientales estratégicos negativos significativos" porque pondrían en riesgo el logro de alguno de los objetivos ambientales de las masas de agua o zonas protegidos de la demarcación en los plazos marcados para conseguirlos. El departamento de Transición Ecológica subraya que la Directiva Marco del Agua obliga a que todos los ríos y acuíferos cumplan unos determinados estándares de calidad a partir de 2027.

La CHJ defiende que el embalse de Montesa está plenamente justificado por razones de interés público superior relacionadas con la salud humana y la seguridad pública. De hecho, el Gobierno contempla la instalación desde hace veinte años como medida de laminación de avenidas que afectan por inundaciones no solo al río Canyoles y al Albaida, sino a todo el tramo bajo del río Júcar. Sin embargo, aunque la programación de organismo de cuenca incluye un estudio sobre tipologías diferentes de presas y varias ubicaciones posibles para la infraestructura, la Dirección General de Evaluación Ambiental mantiene que el Plan Antiinundaciones no justifica "por qué no se consideran otro tipo de alternativas para prevenir daños por inundaciones, con actuaciones menos impactantes o con medidas naturales de retención de agua".

Destrucción de hábitats de especies amenazadas

Entre las afecciones que podría provocar la construcción, la resolución pone el foco en la destrucción de hábitats de especies protegidas y amenazadas y de la vegetación de ribera en un espacio considerado de interés comunitario, junto al impacto negativo sobre el cauce del río Canyoles por la acumulación de sedimentos y la pérdida de caudal, la ruptura de la conectividad ecológica por el efecto barrera del embalse o la propagación de especies exóticas invasoras.

Por otra parte, el texto de la declaración ambiental hace hincapié en que la decisión de retomar la iniciativa ha suscitada una "contestación significativa" durante la fase de participación pública, puesto que se han registrado "un número elevado de alegaciones en contra de su ejecución", fundamentalmente de particulares, pero también de los ayuntamientos de Montesa y Vallada y de asociaciones como Acció Ecologista Agró, la Confederación Intersindical valenciana o Xúquer Viu, que manifiestan "la necesidad de buscar alternativas que permitan proteger el territorio frente a las inundaciones pero basadas en medidas naturales de retención de aguas".

El documento señala que el emplazamiento de la presa de Montesa tiene un valor paisajístico y natural importante, siendo considerado un tramo natural valioso del río Canyoles junto al paraje natural municipal del Barranc de la Fosch de Montesa, que también podría verse afectado. "La construcción de la presa supondría empeorar gravemente la conectividad fluvial y no va en la línea de lo previsto en el Plan Global frente a inundaciones del año 2000 ni en el Plan de Recuperación Integral del Júcar de 2008", remacha la declaración ambiental.

Suscríbete para seguir leyendo