La Sindicatura detecta incidencias en el control interno de 16 ayuntamientos

Acuerdos de pago contrarios a las objeciones manifestadas por los órganos de intervención y supervisión municipales, expedientes de gasto que omiten el obligatorio trámite de fiscalización previa y anomalías en los ingresos. Dieciséis ayuntamientos de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida registraron alguna de estas incidencias a lo largo de 2021, según ha puesto de manifiesto el último informe de fiscalización del ejercicio del control interno en las entidades locales elaborado por la Sindicatura de Comptes.

De las 61 corporaciones locales existentes en las tres comarcas, solo siete remitieron la información requerida por el organismo autonómico fuera del plazo inicial marcado, aunque dentro del límite para examinarla. Se trata de los consistorios de Canals, Aielo de Malferit, Enguera, la Font de la Figuera, el Genovés, la Llosa de Ranes, Montaverner y El Palomar.

Los acuerdos adoptados por los gobiernos municipales en contra de la opinión y de lo reparos de los responsables de la intervención municipal son los más numerosos en el listado de avisos comunicados por estos órganos de supervisión a la Sindicatura, puesto que afectaron a un total de trece ayuntamientos en 2021. En esta práctica incurrieron las entidades locales de pequeñas poblaciones con pocos medios personales y materiales como Beniatjar, Barxeta, Estubeny, Pinet, Sempere, Torrella y Vallés, pero también administraciones de mayor peso y tamaño como Xàtiva, Canals, l'Olleria, Enguera, la Llosa de Ranes o El Genovés.

Los consistorios de Barxeta, Enguera y l'Olleria contabilizaron además otra incidencia en el control interno relacionada con la aprobación de expedientes de gasto que prescindieron de la preceptiva tarea de fiscalización previa, una facultad que compete al órgano interventor para examinar, antes de que se dicte la correspondiente resolución, "todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y valores, con el fin de asegurar, según el procedimiento legalmente establecido, su conformidad con las disposiciones aplicables en cada caso".

Esta operativa de omitir la fiscalización previa también se dio en los ayuntamientos de Ontinyent y Llanera de Ranes, según pone de relieve el informe de la Sindicatura. En toda la Comunitat Valenciana solo 103 entidades comunicaron la existencia de 2.924 expedientes que eludieron la fiscalización previa en 2021, con un importe total asociado de 178 millones de euros.

Las causas más frecuentes para justificar esa omisión de este deber fueron la falta de tramitación del expediente correspondiente y la utilización incorrecta del procedimiento de contratación. Una de las consecuencias puede ser la obligación de aprobar reconocimientos extrajudiciales de créditos para abonar el pago de facturas u obligaciones indebidamente adquiridas, un procedimiento que la Sindicatura no considera adecuado como práctica recurrente. Otra de las recomendaciones de la institución estatutaria a los ayuntamientos pasa por evitar la reiteración de los gastos de carácter periódico aprobados por alcaldes o juntas de gobierno con objeciones e informes desfavorables de la Intervención.

Anomalías en los ingresos

Por último, tres corporaciones locales de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida registraron algún tipo de anomalía en la gestión de los ingresos: Ontinyent, Canals y Millares. En toda la C. Valenciana solo 29 entidades incurrieron en esta anomalía en 2021, con un importe asociado de 3 millones de euros. Según su naturaleza económica, el mayor número de anomalías se comunicaron en los impuestos locales y las tasas, seguidos por las multas y sanciones.

Por otra parte, Ontinyent también aparece junto a Moixent en el listado de entidades locales que han manifestado a la plataforma de rendición de cuentas que aplican el régimen de control interno simplificado sin cumplir las condiciones necesarias para ello, por un error a la hora de rellenar los datos.

La Mancomunitat de la Costera-La Canal incumplió el trámite de la fiscalización previa en algún expediente de gasto, mientras que la Mancomunitat de la Vall d'Albaida no remitió a la Sindicatura la información exigida sobre el funcionamiento de su control interno en 2021 dentro del plazo inicial marcado.

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