Penas de 30 años para una mafia china que esclavizaba indigentes y cultivaba droga en Ontinyent

La red delictiva convirtió una nave industrial en un invernadero para la venta a gran escala y reclutaba a personas sin recursos que vivían en condiciones deplorables

La actuación policial en el interior de la nave explotada por la red asiática.

La actuación policial en el interior de la nave explotada por la red asiática.

Sergio Gómez

Sergio Gómez

Cinco cabecillas de una red delictiva procedente de China han sido condenados a penas que suman 30 años de prisión por explotar a personas en situación de indigencia para sostener un negocio de cultivo y venta de droga a gran escala que tenía en Ontinyent uno de sus centros de operaciones.

En febrero de 2019, los acusados arrendaron por 1.300 euros al mes una nave industrial en la calle Jacquard de la capital de la Vall d'Albaida que convirtieron en un gran invernadero "indoor" donde llegaron a florecer más de 1.700 plantas de marihuana. Instalaron seis transformadores, 66 focos, 40 ventiladores, 24 filtros e introdujeron en el interior de la factoría 131 sacos de tierra, 75 garrafas de fertilizantes y 70 metros de cable con el que efectuaron un enganche no autorizado a la red pública, con tal de garantizar que el consumo energético de la plantación no dejara rastro. Así perpetraron un fraude de 25.000 euros a la compañía de suministro eléctrico.

La red delictiva reclutaba a ciudadanos asiáticos sin ingresos que se encontraban en situación irregular en España prometiéndoles un trabajo lícito remunerado y alojamiento gratuito

El mismo modus operandi fue desplegado por la trama en otras naves alquiladas en las localidades de Alcora, Museros y Puçol. Con la finalidad de conseguir mano de obra barata para el cultivo y mantenimiento de los invernaderos de marihuana, según considera constatado el Tribunal Supremo, los condenados reclutaban a ciudadanos asiáticos sin ingresos que se encontraban en situación irregular en España prometiéndoles un trabajo lícito remunerado y alojamiento gratuito.

Los "trabajadores", algunos de los cuales fueron captados en la zona de establecimientos chinos junto a la Estación del Norte de València, se vieron sometidos a unas condiciones indignas y deplorables: no tenían horarios y en las naves solo disponían de colchones, una placa eléctrica, una nevera y un cuarto de baño sin ducha para vivir.

La nave industrial de Ontinyent donde se instaló el gran invernadero.

La nave industrial de Ontinyent donde se instaló el gran invernadero.

Condiciones de esclavitud

Hasta que una denuncia alertó a la Policía Nacional, pocos meses después. Los agentes, tras varias jornadas de vigilancia y escuchas, comprobaron que los citados operarios trabajaban coaccionados y bajo el temor a represalias, aislados del mundo exterior, sin libertad de movimientos y "en un régimen de explotación semejante a la servidumbre". El operativo policial se saldó con la liberación de seis personas en las distintas naves investigadas, aunque la sentencia rebaja a tres el número de ciudadanos sobre los que se ha podido demostrar que fueron víctimas de esa dinámica de explotación.

Es por ello por lo que los integrantes de la mafia han sido condenados por los delitos de trata de seres humanos, detención ilegal y coacciones, que se suman a las penas por tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y defraudación del fluido eléctrico. Uno de ellos, en situación irregular, deberá volver a su país de origen una vez cumpla dos terceras partes de la condena de cárcel, y no podrá regresar a territorio español hasta transcurridos seis años desde que se ejecute su expulsión.

Unos beneficios de 700.000 euros

La Policía intervino a la red delictiva cerca de 10.000 plantas de cannabis con las que esperaban obtener un beneficio ilícito de casi 700.000 euros. Los cinco cabecillas deberán indemnizar a las mercantiles a las que alquilaron las naves industriales -que no eran sabedoras del negocio que iban a desplegar- y abonar una multa de 2 millones de euros por la droga que se les requisó. También tendrán que compensar a la compañía eléctrica, puesto que defraudaron casi 300.000 euros en consumo energético.

En sus último recursos de casación ante el Tribunal Supremo, los condenados intentaron desvirtuar las acusaciones de detención ilegal y trata de personas cuestionando la validez de las pruebas consistentes en los testimonios de los dos testigos protegidos en el marco de la causa y apelando a la vulneración de principios constitucionales. Sin embargo, el Alto Tribunal ha inadmitido todos los argumentos de los recurrentes.