Rebelión local contra el cobro de 420.000 € de IVA a los municipios en la tasa de vertederos

El impuesto estatal sobre el depósito de residuos en vertedero que ha impulsado el Ministerio de Transición Ecológica con la Ley de Economía Circular va a suponer un mayor gasto del que inicialmente se pensaba para los 93 municipios de la Costera, la Canal, la Vall d'Albaida, la Safor y el Valle de Ayora que integran el Consorcio de Residuos V5 (COR).

A los aproximadamente 2 millones de euros que tienen que pagar los ayuntamientos en función de las toneladas de basura mezclada generadas en cada localidad habría que sumar un importe de 420.000 euros que acabará en las arcas del Ministerio de Hacienda por la aplicación del IVA general del 21% en los recibos emitidos.

El criterio utilizado ha despertado la indignación entre los alcaldes y ha puesto en pie de guerra a los responsables del organismo supramunicipal encargado de la gestión de la basura, sobre todo porque a las entidades locales de la Comunitat Valenciana les va a salir más caro el gravamen sobre el valor añadido respecto a otros puntos de España.

Vicent Muñoz: "Que nos obliguen a asumir una carga suplementaria a favor del Estado porque aquí el servicio no tiene la misma consideración que en otras partes de España es injusto"

La razón se encuentra en que la gestión de los residuos -a diferencia de otras comunidades- se articula a través de consorcios, aunque la competencia sobre la recogida descansa sobre los ayuntamientos y mancomunidades, destinatarios del impuesto. El presidente del COR, Vicent Muñoz, considera "discriminatorio" el cobro de un IVA del 21% a los ayuntamientos de estas comarcas y no ve "lógico" que el Estado "recaude más por un servicio porque no tiene la misma consideración que en otras partes". "Es una doble de imposición. Tenemos que pagar la parte proporcional de lo que nos corresponde por llevar basura a los vertederos, pero que nos obliguen a asumir una carga suplementaria a favor del Estado es injusto", apunta.

La nueva tasa estatal de vertido obliga a los ayuntamientos a pagar 2 millones de euros

El COR pidió canalizar el pago de los recibos

En el ámbito del COR V5 se da la circunstancia de que no existe ninguna instalación de tratamiento de la basura, que tiene que ser transportada a otras comarcas. Son las empresas que gestionen las diferentes plantas las encargadas de girar el nuevo recibo.

La nueva tasa nace con el objetivo de cumplir las directrices europeas y promover el reciclaje, penalizando a los municipios por todo aquello que no se ha separado correctamente en origen y que termina arrojándose a los vertederos o incinerándose. Sus pagadores son los ayuntamientos, que pueden repercutir el gasto a sus vecinos en la tarifa municipal o asumirlo con fondos propios. El dinero recaudado por la administración a nivel autonómico deberá revertirse en la mejora de la gestión de los residuos.

El COR V5 va a trasladar al Ministerio de Hacienda la petición de canalizar el pago de los recibos

El COR V5 va a trasladar al Ministerio de Hacienda la petición de canalizar el pago de los recibos como entidad que agrupa a 93 municipios para luego remitir la factura a los ayuntamientos. La dirección general de Calidad Ambiental de la Generalitat también ha mantenido un encuentro con los departamentos estatales de Hacienda y Transición Ecológica para intentar rebajar el coste del IVA.

La problemática se abordó en la asamblea de alcaldes que celebró el Consorcio de Residuos este miércoles en Xàtiva. Vicent Muñoz indica que la entidad va a remitir una comunicación a todos los ayuntamientos para informarles de la nueva situación y animarles a emprender acciones, a tiempo que el COR va a batallar para intentar revertirla. "Nos manifestaremos en contra y haremos todas las acciones que tengamos que hacer para evitarlo", incide el presidente del organismo. Muñoz calcula que en toda la Comunitat Valenciana la aplicación del 21% del IVA supondrá para las entidades locales un coste extra de 40 millones de euros "no sabemos para qué", zanja.

En virtud de las cuantías provisionales que hace unos meses se trasladaron a los ayuntamientos de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida, el de Ontinyent —el más grande por número de habitantes— tendría que pagar por el impuesto de vertederos 189.820 euros en este 2023, un importe que el gobierno municipal anunció que se asumiría con el superávit municipal. A Xàtiva le correspondería abonar un canon de 188.518 euros.