El TSJ exime al Gobierno de pagar el IBI de la presa de Bellús

El Ayuntamiento de Bellús ha vuelto a toparse con otra puerta cerrada en los tribunales en la tercera cruzada que ha entablado en la última década para intentar que el Estado compense a la localidad por el impacto que genera la presa ubicada en su término a través del pago del impuesto de la contribución. 

Esta vez ha sido el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana el que ha desestimado el recurso interpuesto por el consistorio de la Vall d'Albaida frente a la resolución emitida en 2020 por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que denegó las pretensiones del municipio de 300 habitantes amparándose en el hecho de que el embalse cumple meramente funciones de desagüe y laminación de avenidas y, por lo tanto, "tiene un uso de servicio de agua público y gratuito".

El ayuntamiento denuncia que se está obviando el hecho de que la presa tiene otros usos, con beneficiarios de riego y el abastecimiento

Bellús, en cambio, entiende que la infraestructura cumple los requisitos para estar sujeta al IBI como Bien de Características Especiales (BICE). El ayuntamiento denuncia que se está obviando el hecho de que la presa tiene otros usos, con beneficiarios de riego y el abastecimiento, y alega que la construcción sí cumple una función de regulación de caudales, puesto que forma junto a los embalses de Tous, Alarcón y Contreras un sistema unitario de gestión como si constituyeran un único embalse para el sistema de explotación del Júcar del que se benefician "todos los usuarios del citado sistema, bien directa o indirectamente".

La corporación municipal exige a la CHJ que efectúe "los ajustes técnicos y jurídicos necesarios" para que esa realidad quede plasmada y se traslade a Catastro la necesidad de someter a tributación la presa de Bellús, con efectos retroactivos desde el año 2014 "o en su defecto, desde ahora".

En el marco del proceso judicial, sin embargo, el Abogado del Estado se opuso al recurso del consistorio invocando su similitud con el que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya inadmitió en 2018 en una sentencia con rango de firmeza. La defensa de la administración estatal señaló que la última reclamación efectuada por el ayuntamiento era "idéntica a las anteriores peticiones" por lo que debía inadmitirse.

La Abogacía mantiene que existe "una justificación técnica y fáctica" que impide la liquidación de un canon de regulación, teniendo en cuenta que el uso prioritario del embalse de Bellús es la laminación de avenidas. Sobre el uso para el regadío indicado por el consistorio, la Comisaría de Aguas de la CHJ defendió que el derecho de las comunidades de regantes "es de aguas fluyentes del río Albaida, y se corresponden con riegos tradicionales del río, muy anteriores en el tiempo a la construcción del embalse".

"No nos vamos a rendir"

Pese a desestimar los argumentos del Ayuntamiento de Bellús, la sala de lo contencioso del TSJCV acuerda dar cuenta al Catastro de la petición efectuada para que la presa tribute como BICE a los efectos del pago del IBI.

El consistorio explora diferentes vías para intentar conseguir su objetivo de que la presa tribute

Tras el fallo desestimatorio, la alcaldesa de Bellús, Susana Navarro, explica que el ayuntamiento está estudiando junto a los abogados las diferentes opciones para "elegir entre todas la que más garantías de éxito nos dé". "No nos vamos a rendir y continuaremos trabajando por que la justicia reconozca este derecho que venimos desde el año 2014 reclamando por diferentes vías, convencidos de que tarde más o menos conseguiremos este derecho".

"Estamos convencidos que la CHJ se podrá replantear su postura en el futuro y colaborar junto con el Ayuntamiento de Bellús: todos somos administración", zanja Navarro.