Un fondo buitre presiona para desalojar a una veintena de familias en Llocnou d'en Fenollet

Juan Ramón Ferre tiene 67 años y hace tres entró a vivir en una vivienda de la calle Verge dels Dolors de Llocnou d'en Fenollet tras firmar un contrato de alquiler con la constructora de la finca. No sabía en ese momento que un fondo buitre de Almería vinculado a una entidad bancaria y encargado de gestionar activos tóxicos se había quedado medio centener de inmuebles embargados de la misma promoción -entre ellos el suyo- como consecuencia de las deudas financieras de la empresa que se lo arrendó.

La incertidumbre planea sobre las familias humildes que residen en las cinco escaleras del bloque, que durante meses estuvieron pagando el alquiler a quien no era ya el propietario. Desde 2022 están bajo amenaza de desahucio. Los inquilinos denunciaron su indefensión porque aseguran que cuando se les notificó el desalojo no se les había comunicado previamente la subrogación de los derechos del arrendador ni el nuevo número de cuenta al que tenían que pagar las mensualidades después del cambio de propiedad, por lo que siguieron pagando a la constructora. Y desde entonces se suceden las comunicaciones reclamándoles deudas y atrasos y conminándoles a que compren sus viviendas o las abandonen, a través de cartas, llamadas telefónicas y visitas presenciales a sus moradas. También les han anunciado una subida del alquiler del 20% (de 250 a 300 euros), un incremento que consideran abusivo.

El nuevo propietario ha subido el alquiler un 20% y ha ofrecido a los inquilinos comprar las viviendas

De momento, la movilización en los tribunales de una docena de familias consiguió hace unos meses que el juzgado de instrucción nº4 de Xàtiva frenara temporalmente el desahucio de más de una veintena de inquilinos, al declarar su derecho provisional a permanecer en las viviendas por ser su residencia habitual y dada su situación de emergencia habitacional y vulnerabiliad económica, a la espera de que se celebre el juicio.

"El problema no es que nos neguemos a pagar, sino que no sabemos a quién pagar", incide Ferre, que además se enfrenta a un embargo de Hacienda de más de 1.000 euros por las deudas de la constructora a la que le arrendó la casa. "Soy pensionista y me siento presionado y engañado. No estoy a gusto aquí. Me llegan cartas exigiéndome cantidades que no sé de donde vienen", señala el inquilino. Otros vecinos también afrontan deudas similares de 400 euros al mes, por cantidades que suman en total más de 3.000 euros. "Otra carta me sube el alquiler de 250 a 300 euros, pero me piden la cuenta corriente y no estoy dispuesta a darla. Tampoco hemos firmado ningún nuevo contrato", apunta Ferre.

El abogado de los afectados: "La constructora comenzó a alquilar las viviendas para sacar crédito y continuó simulando ser el propietario cuando no lo era, generando contratos de arrendamiento con personas humildes"

Adrià Salavert, abogado defensor de los 12 inquilinos a través del despacho Causa, subraya que la entidad bancaria no comunicó quién era el nuevo propietario y señala la presión a las familias para que dejen sus viviendas en forma de visitas, burofaxes y acciones judiciales. "Los afectados no tienen conocimientos sobre los que es un proceso de ejecución y no saben lo que está pasando. La constructora comenzó a alquilar las viviendas para sacar crédito y continuó simulando ser el propietario cuando no lo era, generando contratos de arrendamiento con personas humildes", sostiene. El representante legal también pone el foco en que la entidad bancaria "no comunicó la subrogación del derecho de arrendador ni la nueva cuenta bancaria, generando una indefensión brutal", apunta Salavert. De hecho, diversos inquilinos decidieron abandonar sus casas debido a la problemática existente, para evitar conflictos. Dos han podido comprar los inmuebles, pero la mayoría no tiene los recursos para hacerlo. Y algunas viviendas permanecen okupadas.

"Las viviendas no se acabaron con todas las garantías constructivas"

Salavert recalca que las viviendas "no se acabaron con todas las garantías constructivas" y no se declararon como obra nueva. Los ascensores no funcionan y las placas solares previstas no llegaron a instalarse. De momento, la defensa de los inquilinos ha aceptado que el fondo reclamante se quede los garajes de la promoción.

Cajamar cedió en marzo de 2019 a Cimentados3, SA el remate de una veintena de viviendas y treinta plazas de garaje que son objeto de ejecución hipotecaria. El contrato que firmó Juan Ramón Ferre con constructoraora  F. Herraiz SL es de junio de 2020. Según defiende Cimentados en sede judicial, los ocupantes cuyo desahucio reclama "no han aportado documentos que acrediten la ocupación real y efectiva de las viviendas". El fondo alega que sus contratos de arrendamiento han prescrito y que varios de ellos se firmaron con una persona que no era dueño de las fincas, "cuando el anterior propietario ya no era arrendador", al perder la promoción en el concurso de acreedores.

A juicio de Cimentados3, SA "existen elementos suficientes parra afirmar que estamos ante contratos simulados, firmados cuando la ejecución estaba sub iudice, creados fraudulentamente para salvarlos efectos de la ejecución", sostienen desde el fondo en las alegaciones presentadas en la vista de inquilinos celebrada en el procedimiento de ejecución ante el juzgado.

Suscríbete para seguir leyendo