Multan con 45.000 € a una empresa de Montesa que escondió trabajadores en un altillo

La sociedad citrícola, que se negó a abrir la puerta de la sala a la Inspección de Trabajo y a la Guardia Civil para evitar la identificación de los operarios, facturaba más de 130.000 euros al año pese a no declarar ningún trabajador y a arrastrar distintas órdenes municipales de cese de la actividad

Naranjas en una cinta transportadora.

Naranjas en una cinta transportadora. / Vicent M. Pastor

Sergio Gómez

Sergio Gómez

Nacho Cano no es el único empresario al que le puede salir cara la contratación irregular de trabajadores. El Tribunal Superior de Justicia ha confirmado la sanción de 45.000 euros impuesta por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a una Sociedad Agrícola de Transformación (SAT) de Montesa por una infracción "muy grave" consistente en obstruir la labor inspectora.

El 18 de noviembre de 2019, una funcionaria del Ministerio de Trabajo se personó en la nave de la empresa junto a agentes de la Guardia Civil del puesto de Canals y la Policía Local de Montesa con el objetivo de efectuar comprobaciones en materia de Empleo y Seguridad Social.

Al llegar al centro de trabajo, sin embargo, un responsable de la firma empujó fuertemente la puerta de entrada, impidiendo a la inspectora el acceso. La comitiva llamó hasta cuatro veces al timbre y, después de haber transcurrido un prolongado lapso de tiempo, finalmente el presidente de la entidad abrió las instalaciones, destinadas al manipulado y envasado de cítricos.

En el momento de la visita, la maquinaria estaba repleta de producción, pero no había ni rastro de empleados trabajando. Las cámaras de conservación en frío y curado se encontraban a pleno rendimiento y existía toda una infraestructura preparada para el funcionamiento de la actividad, con materiales de envasado, etiquetado, lavado y encerado de cítricos.

Además del gerente de la firma, en la nave se encontraba el padre de éste, de 73 años. Ambos manifestaron a los agentes que la empresa no tenía trabajadores y que ellos se encargaban de todas las tareas con la ayuda ocasional de dos mujeres de la familia.

Cuando los agentes procedieron a comprobar las distintas estancias del complejo, sin embargo, observaron una puerta que se encontraba cerrada y que conducía a unas escaleras que llegaban hasta un altillo del almacén. La comitiva comprobó la existencia de dicha sala, cuyas ventanas tenían un acristalamiento opaco, tras las cuales podían advertirse las siluetas de distintas personas.

Al requerirle al presidente de la SAT la identificación de dichos sujetos, el empresario se negó a colaborar y tampoco quiso facilitar la llave para abrir la puerta que conducía al altillo, pese a ser advertido de las consecuencias de impedir el ejercicio de sus funciones a los inspectores de Trabajo.

Los funcionarios llamaron a quienes estaban escondidos arriba y les requirieron su identificación, momento en el que se asomaron tres personas. Aunque éstas se dispusieron a atender las indicaciones de los agentes y a bajar, el empresario mantuvo bloqueada la puerta, por lo que finalmente no pudieron ser identificadas.

En el momento de los hechos, la sociedad agraria de Montesa desarrollaba su actividad en un almacén sobre el que pesaban desde hacía años distintas resoluciones municipales que ordenaban el cese definitivo y clausura de la actividad. La firma sancionada declaró una cifra de negocio de 134.661 euros en 2019 y de 135.560 euros en 2020, sin que constara formalmente la contratación de ningún trabajador. A raíz de lo sucedido, el INSS también sancionó al padre del presidente de la SAT con la suspensión de su paga de jubilación, una resolución que fue impugnada judicialmente pero que se confirmó en sentencia firme.

Recurso de suplicación desestimado

El responsable de la empresa presentó un recurso de suplicación para tratar de anular o, al menos, reducir el montante de la multa impuesta: cuestionó el relato denunciado por la Inspección de Trabajo y aseguró que el mismo se basó en "meras hipótesis" sobre el hecho de que las personas ocultadas pudieran ser trabajadoras extranjeras, no dadas de alta en la Seguridad Social o que cobraban prestaciones sociales.

La sentencia, que admite recurso, considera imposible que la SAT realizara la actividad que estaba declarando "sin trabajadores y solo mediante el esfuerzo personal del presidente de la sociedad y de su padre de edad avanzada". Al ocultar la presencia de al menos tres personas escondidas en la nave, la sala del TSJ concluye que el fraude cometido "es patente y manifiesto".

La resolución judicial impone al recurrente las costas del proceso, fijadas en 600 euros.

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