La Justicia anula el contrato de talas de Enguera con 8.000 toneladas de árboles ya extraídas

El tribunal número 3 de lo Contencioso-administrativo de Valencia ha estimado el recurso presentado contra el Ayuntamiento de Enguera por parte de Acció Ecologista Agró respecto a las talas para obtener madera en varios Montes de Utilidad Pública (MUP) del término municipal. El fallo llega cuando ya se han talado más de 8.000 toneladas de árboles, lo que representaría aproximadamente un 60 % del proyecto previsto.

La sentencia a la que ha tenido acceso Levante-EMV declara la nulidad de los Acuerdos de la Junta de Gobierno Local de Enguera que aprobaron el expediente de contratación, el procedimiento de adjudicación y las cláusulas administrativas del contrato para la enajenación del aprovechamiento de madera localizado en los MUP N.º 72, 74 y 75, denominados Los Altos, Navalón y La Redonda. El fallo del tribunal implica ciertas diferencias entre la Justicia y la Conselleria de Medio Ambiente, que este verano descartó paralizar las talas.

Falta de información por parte del Ayuntamiento

El magistrado falla a favor de los ecologistas y reconoce, por una parte, que el consistorio debía garantizarle a la asociación el derecho a notificación «en legal forma, y no a través de los medios de pública información», como parte interesada legítima. «No lo hizo así el Ayuntamiento de Enguera», expone la sentencia, algo que necesitaba Agró «para alegar legalmente contra los aspectos que considera irregulares y perjudiciales para la naturaleza», según esta asociación.

Por otra parte, el Ayuntamiento adjudicó la tala de 15.000 toneladas de madera de los MUP del municipio a un precio de 2 euros por ejemplar, lo que representaba un total de casi 170.000 euros por árboles, como explica Agró, «sanos y grandes». No obstante, el pliego de condiciones permitía hacer el pago en «especie», es decir, no en dinero, sino en servicios. El Ayuntamiento ha asegurado en varias ocasiones que se trata de servicios de «mejora» y «limpieza» del monte que, en palabras del concejal de Medio Ambiente, Fernando García Vila, «ya se están realizando».

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Sin embargo, la sentencia hace hincapié en que estos trabajos no fueron especificados en la fase de presentación de las ofertas para que todo licitador pudiera conocer la contraprestación que tendrían sus servicios, sino que este tipo de pago en «especie» se especificó una vez adjudicado el proyecto a la empresa andaluza Novalis. Esto afectaría «no solo a posibles licitadores, sobre lo que no tiene acción para recurrir la entidad Agró, sino también al control que esta última realiza en ejercicio de la acción popular en materia de medio ambiente, ya que le es imposible analizar dichas mejoras concretas exigidas como contraprestación por la Administración y su incidencia en el medio ambiente». «O las empresas tienen información privilegiada o tienen un canal de contacto que no es público y ocultan cosas», sostiene Carles Arnal, portavoz de Agró.

La decisión del Contencioso-Administrativo anula el contrato de licitación, pero, actualmente, las talas siguen ejecutándose. «Los trabajos continúan por ahora, los están rematando, y si nuestros abogados creen conveniente que se paralice, se paralizará», afirma García Vila; «no tenemos nada que ocultar», añade. El concejal asevera que van a recurrir la sentencia y la califica de «sinrazón». Asimismo, asegura que fueron conocedores de la misma el día 24 de septiembre, un día después que la otra parte interesada, Agró.

Respecto a la evolución del proyecto, el edil comenta que, como no han llegado a las 15.000 toneladas de madera extraída que determinaba el contrato, y si no se paraliza el proyecto, «la Generalitat nos permite tomar otra anualidad y otros cantones diferentes a los que ya hemos trabajado para completar el contrato pendiente». Por ahora, se desconoce cómo pagaría la empresa Novalis la madera que ya ha obtenido de los montes de Enguera en caso de ser cancelado el proyecto y no poder realizarse el pago en «especie».

En este sentido, Agró afirma a este diario que estudiará «cómo resarcir total o parcialmente los daños producidos» y pone en el punto de mira a la administración autonómica: «Vamos a emprender acciones legales contra la Conselleria porque es la responsable última de los MUP, protegidos dentro de la red Natura 2000». «Nosotros, más que castigar a alguien o pedir dinero, lo que pensamos es que esto debería servir como advertencia para el futuro, que no se puedan hacer estas cosas sin transparencia. Hoy en día es muy improbable que la obtención de biomasa de árboles vivos sea rentable, ya que hay biomasa de podas que es más aprovechable y abundante. Y además, evitaríamos incendios. Enguera es un referente valenciano en la gestión forestal y debería ser un ejemplo de cosas bien hechas, y no de procedimientos extraños y de falta de calidad y transparencia», concluye el portavoz de Agró.