Agró exige que las administraciones «cumplan la sentencia» sobre las talas en Enguera

AE-Agró ha solicitado por escrito, con registro de entrada, a las dos administraciones responsables de la gestión forestal de los terrenos afectados, el Ayuntamiento de Enguera y la Consellería de Medio Ambiente, que acaten y apliquen la sentencia judicial, que declara nulo el procedimiento de adjudicación de las talas en el MUP (Monte de Utilidad Pública) del término de Enguera y todos los actos derivados de dicha adjudicación.

La sentencia también establece que AE-Agró debe considerarse parte interesada en el procedimiento y, por lo tanto, tiene derecho a ser informada y a tener acceso a los documentos y decisiones relevantes. El juzgado ha reconocido que la transparencia y la información son necesarias para que la acción cívica de una entidad como esta pueda hacer un seguimiento efectivo del control de los impactos ambientales de las actuaciones promovidas por las administraciones.

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Sin embargo, la reciente sentencia judicial que anula la adjudicación de las talas de pinos en el MUP de Enguera no explica cómo debe compensarse y recuperarse, en la medida de lo posible, la gran pérdida patrimonial (unas 8.000 toneladas de madera) y ambiental (pérdida de miles de árboles valiosos, daños a la vegetación natural, fauna y suelo fértil) ocasionada por las talas. Por este motivo, AE-Agró está desarrollando una propuesta que se presentará formalmente a las instituciones implicadas para solicitar su participación. La propuesta busca que se compense a los vecinos del municipio, «verdaderos propietarios de los bosques protegidos» según esta asociación, por la «grave pérdida patrimonial y ambiental que han sufrido debido a las decisiones equivocadas adoptadas y/o toleradas por estas instituciones».

Aunque «el daño ya está hecho», debido a unas talas que, en palabras de AE-Agró, «nunca debieron llevarse a cabo y que ya no tienen solución», la asociación reclama que las administraciones responsables exijan a la empresa que se llevó las 8.000 toneladas que pague por ellas. Se debe reclamar el pago al precio establecido en el contrato, al que la empresa se comprometió, de 12,71 € por tonelada (con IVA). Un precio «que no refleja ni de lejos el valor real de esos árboles, que estaban sanos y vivos, y que aportaban beneficios ambientales mucho mayores, tal y como se ha estimado en diversos estudios centrados en los servicios ecológicos de los bosques», explican.

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Aunque sea un precio muy inferior al valor real, los ecologistas sostienen que esos cerca de 100.000 € deben devolverse a los legítimos propietarios de los bosques dañados. «Proponemos que se destinen a lo que teóricamente debían destinarse (aunque sin detallar objetivos concretos ni acciones específicas, ya que todo esto no estaba especificado en un contrato que era totalmente opaco e indefinido al respecto). Es decir, que se dediquen a mejorar ecológicamente la estructura y composición de la vegetación de estas zonas y a labores de verdadera prevención de incendios, siempre con un proyecto claro y transparente, bien detallado y conocido por toda la población, con base científica y garantías de su eficacia. Con la participación de la población y de las entidades conservacionistas que destaparon las irregularidades asociadas a estas talas», exponen.

AE-Agró presentará una propuesta detallada, elaborada en colaboración con el vecindario y otras entidades conservacionistas del municipio y la comarca, con fundamento científico y estricto respeto a las normativas vigentes y a los documentos básicos que orientan la gestión forestal, como es el recientemente aprobado PORN (Plan de Ordenación de Recursos Naturales) de la demarcación en la que se incluyen los bosques afectados. La propuesta será presentada en actos y debates públicos. «Las actuaciones deberán ser realizadas o encargadas por las administraciones públicas, pero esta vez con total transparencia, con un control riguroso y con participación y seguimiento público, y no de la manera opaca, autoritaria y obstruccionista que ha ocurrido hasta ahora con respecto a estas talas. Es necesario que en la supervisión de las actuaciones y del uso de los recursos estén representadas entidades ciudadanas, entre ellas, AE-Agró y ADENE (la destacada asociación conservacionista local, de gran prestigio y arraigo en el municipio)», comentan desde la asociación valenciana.

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AE-Agró expresa en un comunicado: «Estas talas se originan en un plan del año 2013 que incumplía los requisitos de la ley forestal valenciana y que nunca debió haberse aprobado. Este fue seguido por unas primeras actuaciones en los años 2015 y 2016 que fueron paralizadas por las administraciones debido a las irregularidades, incumplimientos, abusos y daños generados. Se intentaron reanudar en 2020, con un intento de adjudicación extraño, que fue anulado por el propio Ayuntamiento cuando casi había finalizado, y se retomó en 2022 con una adjudicación que ahora la justicia ha declarado nula. Las talas actuales se han estado realizando con descontrol y un incumplimiento generalizado de los condicionantes técnicos incluidos en la autorización de la Consellería. La Conselleria es la última responsable de la gestión forestal de estos bosques, pero ha guardado silencio, y ha tolerado y justificado los incumplimientos de su propio pliego de condiciones técnicas, que eran obligatorias y vinculadas a la autorización, pero que han acabado siendo papel mojado».

Finalmente, los ecologistas se preguntan «quién se ha beneficiado de estas talas». «Los habitantes de Enguera, los verdaderos propietarios, no. Cuando se regalan miles de toneladas de madera, seguro que es a cambio de algo. Sería importante saber quién se ha beneficiado de un contrato tan generoso con la empresa que se llevó la madera gratis (o a cambio de unos supuestos trabajos que no se conocían al firmar el contrato)», concluyen.