"El ruido de las ratas no me deja dormir": el trastorno de vivir junto a una casa derruida

Las casas abandonadas son elementos inseparables del paisaje rural cuyo inexorable deterioro está provocando cada vez mayores problemas y conflictos en los núcleos históricos de los pueblos. Los propietarios mueren, los herederos no quieren hacerse cargo y quien acaba pagando las consecuencias son los vecinos que residen en las inmediaciones y los ayuntamientos, sin suficientes medios ni recursos para afrontar todas las reclamaciones.

A las 5 de la madrugada del 11 de noviembre de 2022, un inmueble de tres plantas en desuso desde hace mucho sufrió un importante derrumbe en la calle Heliodoro Madrona de Bellús que se llevó por delante más de la mitad de tejado y gran parte de la estructura de la terraza y de los dos primeros pisos.

Han pasado más de dos años y el edificio ni siquiera ha sido desescombrado. La propiedad ha incumplido tanto los requerimientos de actuaciones dictados por el consistorio como los cuatro actos de conciliación promovidos por los residentes de la casa aledaña, una familia que se muestra desesperada ante la sensación de insalubridad e inseguridad que describen a diario.

"Oigo a las ratas rasgar las paredes todas las noches y no puedo dormir sin pastillas. Ya no aguantamos más", señala Francisco, nombre ficticio de un vecino de Bellús (300 habitantes) que prefiere el anonimato y que lamenta la falta de soluciones a la problemática en las distintas instancias a las que ha acudido. "Hemos intentado ir a buenas y no hemos logrado nada: el caso ya está en manos de abogados", afirma.

Francisco cuenta que en verano se le colaron en su domicilio dos roedores y que a uno ellos lo pudo "cazar". "Cada quince días tengo que tirar pastillas contra las ratas", apunta a este diario.  

La familia afectada señala que el estado del inmueble contiguo, lleno de escombros, ha generado humedades que ennegrecieron una pared recién pintada en su hogar, donde también ha entrado agua porque al lado no hay desagües. También se quejan de los malos olores procedentes de la propiedad vecina y temen que los desprendimientos puedan acabar afectando a la estructura de su vivienda. El estrés, el insomnio y el nerviosismo es tal que estos vecinos mantienen que la situación está pasando factura a su salud.

"Ya no aguantamos más. La situación nos está afectando a la salud", denuncian los vecinos afectados

A partir de los informes técnicos, el Ayuntamiento de Bellús ha ordenado en varias ocasiones a los dueños que ejecuten obras consistentes en asegurar la edificación existente mediante el apuntalamiento interior de la estructura, la reparación de la cubierta de teja y la retirada de los escombros existentes. Pero los trabajos no se han materializado y la casa -dejada en herencia por los antiguos propietarios a varios hijos- permanece vallada por el peligro de desprendimientos.

Cuatro casas compradas

La alcaldesa de Bellús, Susana Navarro, remarca que el consistorio "está colaborando y entiende el problema porque lo sufrimos desde hace años en el casco antiguo" pero sostiene que, con un presupuesto anual de 400.000 euros, el consistorio no puede costear las obras necesarias en el inmueble, por lo que recomienda a los vecino agraviados que pongan una denuncia por vía civil ante el juzgado para poder reclamar los daños a través de sus seguros.

"Se trata de un conflicto civil. Tenemos muchas casas abandonadas en la misma situación. Hemos comprado ya cuatro, pero no podemos hacer más", mantiene la primera edil, que circunscribe la vía de la ejecución subsidiaria a los casos en los que existe un peligro muy grave de derrumbe que obliga a asegurar la vía pública.

El ayuntamiento defiende que se ha esparcido veneno frente a la casa derruida y aconseja a los afectados que denuncien la situación en el juzgado

Navarro subraya que el ayuntamiento contrató en diciembre a una empresa desratización que ha esparcido veneno en la puerta del inmueble derruido de la calle Heliodoro Madrona para paliar la presencia de roedores. "No podemos entrar en propiedad privada si no nos lo permite el juez", recalca la alcaldesa, que insiste en que el consistorio no dispone de herramientas jurídicas para intervenir. "Con un presupuesto de 400.000 euros no nos podemos quedar con todas las casas abandonadas. No somos una inmobiliaria".

En cualquier caso, el conflicto está en manos de los servicios jurídicos externos del ayuntamiento. Susana Navarro también lamenta la lentitud de los tiempos para poder iniciar obras en edificios en mal estado, que no dependen del consistorio. "El primer inmueble que tuvimos que ejecutar en San Gregorio lo acabamos de licitar, después de 8 años", apostilla.

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