Compromís per Ontinyent critica la privatización de la ayuda a domicilio y el equipo de gobierno defiende las mejoras del servicio

El grupo municipal Compromís per Ontinyent mantuvo este lunes una reunión con las trabajadoras municipales del Servicio de Ayuda a domicilio (SAD) de Ontinyent, para conocer de primera mano la realidad actual del personal y sus demandas, así como el funcionamiento y el día a día del servicio, que contribuye a la atención integral, el acompañamiento y la autonomía de las personas mayores de la ciudad.

En el encuentro también se trató la privatización del servicio, aprobada por el equipo de gobierno con los votos de Ens Uneix, PP y Vox, en el pleno municipal del 28 de noviembre de 2024, y que se hará efectiva próximamente. Desde Compromís ponen el foco en que esta externalización "supondrá el despido del personal municipal, que no podrá ser subrogado a la nueva empresa que preste el servicio".

Ontinyent aprueba el nuevo Servicio de Ayuda a Domicilio de dependencia

El regidor y portavoz de Compromís per Ontinyent, Nico Calabuig, ha asegurado que este es "un servicio fundamental para la calidad de vida de muchas personas mayores de nuestra ciudad y sus familias, puesto que las auxiliares prestan apoyo en el cuidado personal, acompañamiento o tareas del hogar, entre otros, de personas con diferente grado de dependencia. Ahora, desgraciadamente, finaliza la prestación mixta del servicio, con gran parte de participación pública, puesto que el gobierno de Jorge Rodríguez, junto con los votos de PP y Vox, aprobó privatizar el SAD, para que se preste únicamente por empresas privadas”.

“Nos preocupa que el gobierno municipal no tenga bastante en cuenta el fuerte impacto que su decisión tiene sobre las personas usuarias. Con el cambio de modelo, las trabajadoras municipales serán despedidas, puesto que, según afirmó la regidora Paula Soler en el Pleno, no podrán ser subrogadas a la empresa o empresas que pasen a gestionar el servicio", ha incidido Calabuig. "Esto significa que se romperá el vínculo de confianza y complicidad que se crea con los usuarios y usuarias, y que es fundamental en la prestación de un servicio como este. Además, en casos de personas con enfermedades cognitivas, la situación será especialmente delicada, puesto que están muy acostumbradas a su auxiliar de referencia, y ahora habrá que empezar todo el proceso de adaptación. La privatización supone una rotura brusca de todos estos vínculos tan importantes”, ha continuado el regidor.

El portavoz de Compromís también mantiene que "el funcionamiento público del servicio era correcto y en general se ha estado cubriendo la atención a los usuarios y usuarias. En ese sentido, incluso existen unas horas flexibles por parte de cada auxiliar, con el fin de cubrir sustituciones y poder garantizar toda la atención a las personas usuarias. En cuanto a las bajas, hay que tener en cuenta que se trata de trabajos con esfuerzo físico que pueden provocar lesiones u otras patologías en el personal trabajador con mucha frecuencia, y es una realidad que ocurrirá de igual manera en la gestión privada”.

“En resumen, el servicio público estaba funcionando, hecho que choca con el relato del gobierno municipal de Nos Une para justificar la privatización. En todo caso, el que se necesitaba era más coordinación y gestión por parte de la Concejalía de Política para las Personas, no su privatización. Buena prueba de la necesidad de más coordinación es que las trabajadoras denuncian la carencia de reuniones entre la Concejalía y el personal, para evaluar el funcionamiento del servicio y poder implementar mejoras, si se detectaban deficiencias a corregir”, continúa Calabuig.

El gobierno local defiende la mejora del servicio

Desde el equipo de gobierno recalcan que el cambio de una gestión mixta a otra indirecta está justificado por un informe del área de Bienestar Social que recalca que la gestión directa "presenta limitaciones", como la rigidez en los procesos de selección, mayor riesgo de absentismo y dificultades para cubrir bajas, lo cual "afecta la calidad del servicio".

"Por el contrario, la gestión indirecta permite mayor agilidad en la contratación, especialización del personal y mejor control de calidad. Además, esta modalidad incorpora profesionales especializados a la estructura organizativa de la empresa adjudicataria, garantizando un servicio más eficiente", señala la regidora Paula Soler.

Además, desde el ejecutivo local añaden que "las empresas adjudicatarias ofrecerán mejoras como limpiezas de choque, ayudas técnicas y apoyo psicológico para garantizar una atención integral a las personas usuarias en todos los ámbitos de su vida, como el preventivo, el educativo y el rehabilitador".

"Municipalizar todo el servicio implicaría incorporar 39 personas a la plantilla municipal, con el riesgo de que los cambios futuros en la financiación del contrato programa pusieran en peligro su estabilidad labora", advierte Soler.

"Compromís por Ontinyent, a pesar de saber que la Generalitat no había dado señales de vida del Contrato Programa hasta hace 5 días, o que han habido usuarios que han tenido 5 auxiliares diferentes, o que se pueden tardar semanas al cubrir una baja, propone la municipalización del servicio. Desde el gobierno municipal pedimos una mayor responsabilidad al señor Calabuig y que muestre en temas tan importantes una visión de ciudad y de sentido, haciendo caso a los informes técnicos y deje de lado discursos ideológicos difícilmente aplicables en la vida real", zanja la regidora.