La empresa que puso el suelo al vertedero de Llanera posee el 25% del terreno de la macroplanta solar
La firma, ligada a un antiguo gigante de la construcción, dispone de 44 parcelas y 18,2 hectáreas a expropi en el marco del plan del Gobierno para abaratar el trasvase al Vinalopó
La distribución de los 34.200 paneles solares que prevé instalar Acuamed en Llanera. / Levante-EMV
El Ministerio de Transición Ecológica, a través de la empresa estatal Acuamed, contempla destinar 6,1 millones de euros a la expropiación de más de 70 hectáreas de terrenos en Llanera de Ranes para la construcción de la gran central fotovoltaica que permitirá cubrir la demanda energética del sistema de bombeo de agua del trasvase del Júcar-Vinalopó y abaratar el coste del mismo para los regantes alicantinos.
Según consta en la relación de bienes y derechos que acompaña al proyecto, alrededor del 25% de la superficie a expropiar pertenece a la misma empresa que aspiró a ingresar 30 millones de euros con la instalación de la macroplanta de residuos inicialmente proyectada por el Consorcio de Residuos V5 para un ámbito 300.000 habitantes en unos terrenos de su propiedad adquiridos en la misma localidad de Llanera.
Compañía Valenciana de Contratación, SL (CVC) dispone de 44 parcelas que ocupan una extensión de 182.000 metros cuadrados en el emplazamiento escogido para desarrollar el parque compuesto por 34.200 paneles solares, en una zona no urbanizable de uso agrícola lindante con el término de Rotglà que comprende desde la balsa del trasvase junto a la A-7 hasta casi la carretera de Estubeny.
Algunas de estas fincas, que principalmente albergan cultivos de naranjos en regadío, olivos y frutales, alcanzan los 20.000 m2 de superficie. La mercantil, con sede en Torrella y dedicada a la compraventa, adquisición y transmisión de toda clase de inmuebles urbanos o rústicos, tiene como administradora única a la firma Tenedora de suelo para el tratamiento y valorización de residuos Plan Zonal X, XI y XII, SL, que desde 2015 está a su vez administrada por el antiguo gerente del difunto grupo constructor Llanera, uno de los empresarios citados en la pieza separada del caso Taula que investiga la financiación del Olímpic de Xàtiva bajo la presidencia de Alfonso Rus.
CVC, que nació en 2007 con el nombre de Gains Tax, acordó alquilar 7,2 hectáreas de suelo a la empresa concesionaria del Consorcio de Residuos en el marco del contrato de adjudicación del tratamiento de la basura de las comarcas de la Costera, la Canal, la Vall d'Albaida, la Safor y el Valle de Ayora. El convenio estipulaba que la propietaria de los terrenos se embolsaría 8,5 euros por cada tonelada de residuos depositada en la planta proyectada en Llanera. Una cantidad a la que cabía sumar una serie de gastos variables pactados que situaban los ingresos anuales de la firma entre los 1,5 y los 2 millones de euros anuales durante los 20 años que iban a estar operando las instalaciones.
El plan, sin embargo, se truncó por los problemas para obtener los permisos requeridos y por la decisión de la izquierda de paralizar el proyecto cuando llegó al poder en 2015. Comenzó entonces un litigio entre la dueña del suelo y la concesionaria de la basura que acabó en el Tribunal Supremo con una sentencia que eximió a esta última de indemnizar a CVC por la pérdida del negocio asociado al vertedero.
Las otras empresas que compitieron en el concurso de la planta de Llanera en 2009 denunciaron posibles "intereses especulativos" tras la operación de cesión previa de los terrenos y advirtieron de que la misma encarecería la inversión pública necesaria para expropiar el resto del suelo necesario para el complejo de tratamiento de residuos.
El proyecto del vertedero ya supuso una merma significativa de bancales en el pueblo de Llanera que terminaron abandonados y yermos, generando impagos en las cuotas de mantenimiento del regadío. Un proceso que podría agudizarse con la nueva planta solar.
14 viviendas afectadas
El estudio de impacto ambiental que acompaña a la inversión fotovoltaica de 34 millones de euros planificada por el Gobierno determina la viabilidad de la propuesta si se aplican una serie de medidas para mitigar especialmente su impacto visual, que se considera importante y que ha despertado inquietud en el municipio. La iniciativa contempla la expropiación de una vivienda situada en el entorno de la central fotovoltaica, donde también existen 14 viviendas a menos de 100 metros que se verán afectadas por las obras de construcción de la instalación.
En total, se expropiarán 187 fincas y otras 13 se verán afectadas por servidumbres de paso asociadas a la planta o por la ocupación temporal durante los trabajos de ejecución. CVC será la principal beneficiada de las expropiaciones, como la mayor propietaria de suelo de la zona.
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