Un año a la espera de plaza para una residencia en la Canal de Navarrés
Un gran dependiente aguarda la aprobación del PIA y del servicio de atención residencial solicitado para la residencias de Anna, Navarrés o Enguera
La Conselleria de Servicios Sociales alega que existe un larga lista de espera residencial

La residencia de Anna, para la que el dependiente de la Canal ha pedido plaza. / Perales Iborra
Más de un año lleva esperando un gran dependiente una plaza pública en una residencia de la Canal de Navarrés. El demandante, con un grado 3 reconocido, aguarda a que la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda le aprueba el Programa Individual de Atención (PIA), en el que solicitó el servicio de atención residencial.
El afectado presentó la solicitud para el reconocimiento de la situación de dependencia el 3 de octubre de 2023. En enero del 2024 se le reconoció un grado 3, de gran dependiente, y desde entonces espera que la conselleria apruebe el PIA con la petición de plaza en una residencia de la comarca. El dependiente mostró preferencia por la residencia La Saleta de Anna, la residencia Gumersinda Martínez de Navarrés y la de San Rafael de Enguera.
Ante los retrasos en atender su solicitud, un sobrino del dependiente presentó una queja en el Síndic de Greuges, exponiendo la falta de resolución del programa individual de atención. El Síndic, Ángel Luna, requirió a la Conselleria de Servicios Sociales un informe sobre este caso, y la administración autonómica respondió alegando la larga lista de espera para las residencias.
La conselleria, en su escrito remitido al Síndic, reconoce que aún no ha resuelto del PIA y que “se estaba analizando la priorización de centros solicitados y en cuanto existiese una plaza disponible, se pondría en su conocimiento”. También expone que, a fecha del pasado 15 de enero de 2025, la lista de espera en la residencia La Saleta de Anna ascendía a 31 personas, y que había, además, 6 personas con trámite de urgencia. En el centro Gumersinda Martínez hay 9 personas con mayor antigüedad que el interesado en la lista de espera, pero no hay ninguna persona con trámite de urgencia. Por su parte, en la residencia San Rafael hay 37 personas en lista de espera y 2 con trámite de urgencia.
La conselleria también señala que en cualquier centro de la provincia de València, en la lista de espera de una plaza pública residencial hay 125 personas dependientes con mayor antigüedad que el dependiente de la Canal de Navarrés, y que las personas con trámite de urgencia ascienden a 91. La conselleria añade que también hay que tener en cuenta las personas que requieren plaza residencial a través del procedimiento de Asignación de plazas sociales de residencia para personas mayores no dependientes.
Ante la lista de espera existente, la conselleria puede ofrecer al solicitante la prestación vinculada de garantía al servicio residencial, es decir una ayuda económica, como medida sustitutiva de la plaza pública, hasta que se consiga entrar en una residencia. Pero la administración autonómica no ha ofrecido esta prestación al afectado. Ante la pregunta del Síndic por esta medida alternativa, la conselleria “manifestó expresamente que no consta en el expediente electrónico de la aplicación ADA que se haya ofertado esta prestación”, según el escrito remitido por la conselleria. El Síndic afea a la administración autonómica que no haya ofrecido esta prestación vinculada de garantía “a pesar de que la posición de la persona dependiente en las listas de espera de los centros por los que mostró su preferencia no hace prever que la asignación de plaza pública pueda llevarse a cabo en un breve plazo”.
El Síndic insta a Servicios Sociales a resolver “sin más demora” la aprobación del PIA de la persona dependiente. También sugiere que, ante la falta de plazas públicas adecuadas, se oferte al dependiente de la Canal de Navarrés la posibilidad de percibir una prestación vinculada de garantía y que “se explique adecuada y suficientemente este recurso y el cálculo del importe de la citada prestación”. También requiere que la resolución PIA incluya los efectos retroactivos que le correspondan al dependiente.
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