La Mancomunitat de la Vall lleva al juzgado al COR por el pago de 532.000 euros
La entidad comarcal recurre la negativa del Consorcio, avalada por el Consell Jurídic, de asumir la indemnización abonada a la contratista de la basura Recisa tras las pérdidas derivadas de la modificación contractual impuesta por la ley autonómica que cambió las competencias sobre la gestión de residuos

Una vecina deposita la basura en un contenedor de Ontinyent durante la huelga de basura de 2018. / Perales Iborra

La Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida ha abierto un nuevo frente judicial con el Consorcio de Residuos V5 (COR) cuando están a punto de cumplirse diez años del acuerdo de paz sellado entre ambas entidades que desembocó en la integración de los ayuntamientos de la comarca en la gestora de las basuras, después de que los municipios de este territorio se declararan inicialmente en rebelión contra la normativa autonómica que les retiraba las competencias sobre la transferencia, transporte y eliminación de la basura para dejarlas en manos del COR.
Los flecos económicos de aquel pacto han derivado en un pulso enquistado que se prolonga desde 2019, cuando la Justicia reconoció a la concesionaria de los residuos de la Vall d'Albaida, Recisa, el derecho a ser indemnizada con 532.850 euros a raíz de las pérdidas asociadas a la modificación de su contrato con la Mancomunitat en 2014 por cambios en la gestión de los residuos impuestos por ley.
La institución comarcal asumió el pago, pero luego giró la factura al COR y a la Generalitat, exigiendo ser compensada económicamente por el mismo importe que tuvo que abonar a su contratista por los daños y perjuicios sufridos a raíz de la nueva normativa autonómica.
En un primer momento, el COR inadmitió la reclamación por responsabilidad patrimonial solicitada por la Mancomunitat en 2020 al considerar que se había presentado fuera del plazo establecido para la prescripción. Sin embargo, la entidad supramunicipal interpuso una serie de alegaciones y la petición acabó siendo admitida a trámite y valorada.
La secretaría del COR insistió en diversos informes en que este organismo estaba exento de responsabilidad en la indemnización soportada por la Mancomunitat. El expediente, sin embargo, quedó bloqueado durante más de dos años por el retraso en remitir la documentación al Consell Jurídic Consultiu (CJC) para que esta entidad se pronunciara.
Finalmente, el Jurídic emitió un dictamen en noviembre de 2024 en el que propuso la desestimación de la reclamación de la Mancomunitat contra el COR y la conselleria. Apoyándose en este informe, a finales de ese mismo mes, la comisión de gobierno del Consorcio acordó rechazar la solicitud de la Vall d'Albaida, una decisión que ahora la Mancomunitat ha recurrido ante el juzgado de lo contencioso-administrativo.
El Jurídic responsabiliza a la Mancomunitat
El CJC fue contundente al señalar que la entidad comarcal tiene el deber jurídico de soportar el daño económico porque "es su conducta negligente la que ha propiciado el perjuicio económico que ahora trata de derivar al COR". La resolución hace hincapié en que el Plan de Minimización de residuos local preexistente en la Vall "no estaba si quiera consolidado, sino únicamente en fase de iniciación", dado que la Mancomunitat no había cumplido con las inversiones y prestaciones previstas en el contrato con Recisa en el transcurso de más de una década, hasta que la Generalitat retiró al organismo comarcal las competencias de la transferencia, el tratamiento y la eliminación de la basura. "No cabe entender que el COR sea responsable de las relaciones contractuales entre la Mancomunitat y Recisa", declara el Jurídic.
El dictamen se aprobó con el voto particular discrepante de una de las consejeras, disconforme con una parte de la fundamentación jurídica del mismo, aunque no con el fondo de la decisión adoptada.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ya desestimó en 2023 los argumentos de la Mancomunitat y eximió al Consell de asumir la compensación económica reconocida a Recisa.
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