El atasco judicial se agrava en Ontinyent con un 50% más de casos pendientes
El Poder Judicial inspecciona los órganos 1 y 4, mientras procuradores y abogados piden más medios de apoyo ante la marcha de dos magistradas a otras sedes

Dos guardias civiles escoltan a un detenido hasta el juzgado nº 3 de Ontinyent. / Perales Iborra

Los cuatro juzgados de primera instancia e instrucción de Ontinyent terminaron 2024 con 4.288 asuntos pendientes de resolver, un 47% más que al cierre de 2023.
La situación de sobrecarga que registran especialmente los juzgados nº1 y 4 de Ontinyent ha motivado una reciente inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se desarrolló a principios de febrero.
La última estadística oficial revela que la sede judicial de la Vall d'Albaida ha experimentado incrementos del 48,4% en las tasas de pendencia (el cociente entre los asuntos pendientes al final del periodo y los resueltos en ese periodo) y del 16,9% en las tasas de congestión (la relación entre la suma de los casos pendientes por resolver más los nuevos casos que han entrado en el sistema judicial a lo largo del año, dividido por los casos resueltos).
En el reverso de la moneda, los índices de resolución de asuntos y de sentencias dictadas bajaron un 26,3% y un 14,6% respectivamente en el mismo periodo de tiempo.
Con este telón de fondo, la inminente marcha de las dos magistradas que llevan las riendas de los juzgados nº2 y 3 de Ontinyent ha generado inquietud entre los profesionales de la justicia que operan en la ciudad.
Por un lado, la titular del nº2 va a incorporarse en comisión de servicios al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3 de Catarroja, que investiga la causa por las víctimas de la dana y necesita refuerzos. La medida se adopta por un periodo inicial de seis meses que puede ser prorrogable. En la decisión se ha tenido en cuenta la cercanía del lugar de residencia de la jueza y el buen funcionamiento del juzgado al que está destinada en Ontinyent, una excepción en la sede por lo que se refiere a la ausencia de dilaciones. El 26 de febrero, la sala de gobierno del CGPJ acordó la adscripción al citado órgano judicial del juez sustituto "que por turno corresponda" para que "quede debidamente atendido".
Por otra parte, también se ha conocido el traslado a Castellón de la titular del juzgado 3 de Ontinyent, que atraviesa un atasco importante de expedientes al asumir los casos de violencia de género. La temporalidad es generalizada en la demarcación, puesto que al juzgado nº1 se incorporó una nueva jueza hace escasamente un mes.
Procuradores y abogados piden más medios para que los cambios no supongan un lastre añadido a los problemas de colapso. La delegada del colectivo de procuradores, Virtudes Mataix, advierte de que actualmente se tarda hasta 3 o 4 años en resolver un recurso de reforma e insta a cubrir de manera inmediata las salidas para que los relevos no entorpezcan el funcionamiento de los juzgados.
Por su parte, el delegado del Colegio de Abogados en Ontinyent, Rafael Ortiz, califica de "mala noticia" la marcha de la magistrada del juzgado nº2. "Es una excelente profesional y la única que lleva su juzgado al día", apunta. "Nos quedamos olvidados por la Administración de Justicia, no nos mandan personal de apoyo y los procedimientos cada vez se dilatan más", sostiene.
Demanda de refuerzos
Ortiz espera que la reforma judicial aprobada por el Gobierno ayude a descongestionar los juzgados, que pasarán a tener la consideración de tribunales, con la incorporación de más personal. "Cuando haya atasco, en vez de crear un juzgado nuevo que es muy costoso, la ley prevé la creación de una plaza temporal. De momento, la Generalitat todavía no ha publicado la Relación de Puestos de trabajo", indica el letrado, que ve necesaria la incorporación de "uno o dos jueces de apoyo para que se resuelvan casos".
Al acabar 2024, la sede judicial de Ontinyent tenía 3.874 sentencias en trámite de ejecutarse.Los cuatro juzgados ingresaron durante el año pasado 6.707 asuntos que se sumaron a los 2.925 expedientes en tramitación al comienzo del ejercicio. En total, se resolvieron 5.189 casos.
Los índices de casos pendientes y de congestión se han incrementado especialmente en la jurisdicción civil.
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