Compromís per l’Alcudia de Crespins rechaza la modificación de la tasa de residuos

La reciente propuesta del Ayuntamiento l'Alcúdia de Crespins del Gobierno del Partido Popular y del alcalde Javier Sicluna para modificar la tasa de residuos sólidos urbanos aprobada en el pleno ordinario del día 27 de marzo de 2025 ha suscitado una serie de preocupaciones al Grupo Municipal de Compromís, ya que, tal y como consideran “ponen en entredicho su compromiso con la transparencia, la equidad y la sostenibilidad. A pesar de que la propuesta cumple con los requisitos legales, su falta de visión transformadora y su enfoque en la agilidad administrativa sobre la participación ciudadana son alarmantes”.

El portavoz Pepe Garrigós resalta que la omisión de un proceso de consulta pública, a pesar de su relevancia, genera desconfianza entre los vecinos y comerciantes. “La decisión de modificar una tasa que impacta directamente en la economía de las familias y negocios sin un diálogo previo es un claro ejemplo de un enfoque verticalista que prioriza la rapidez sobre la rendición de cuentas”, afirma.

Pepe Garrigós critica que el aumento de cargas económicas sin justificación, el incremento de las cuotas, que eleva la tasa de residuos domésticos a 48,14 euros anuales, se basa en costes actualizados, pero carencia de un estudio socioeconómico que evalúa su impacto en los hogares de bajos ingresos y pequeñas empresas. “En un contexto de crisis económica, este aumento sin medidas compensatorias podría agraviar las desigualdades existentes”.

También ve un desequilibrio en la distribución de costes, la asignación del 85% del coste a residuos domésticos y solo el 15% a actividades comerciales plantea serias dudas sobre la equidad del sistema. “Sectores que generan una mayor cantidad de residuos, como restaurantes y talleres, parecen beneficiarse de una contribución desproporcionadamente baja, lo cual podría interpretarse como un trato favorable a intereses económicos en detrimento de las familias”, considera.

“Pero la falta de información sobre la selección de contratistas y los mecanismos de control alimenta sospechas de clientelismo y malversación. La transparencia en los contratos públicos es esencial para garantizar la confianza de la ciudadanía”, inciden desde Compromís.

Aunque la propuesta cumple con la Ley 7/2022 sobre economía circular, se limita a ajustar tarifas sin establecer metas claras para la reducción de residuos o el fomento del compostaje. Esto sugiere que se trata más de un parche fiscal que de una estrategia ecológica integral.

“La bonificación del 25% para ciertos casos carece de criterios claros, lo cual abre la puerta a favoritismos y erosiona la confianza en la administración. Sin reglas explícitas, es difícil garantizar un trato justo para todos”, denuncia el grupo municipal en un comunicado.

La entrada en vigor de la propuesta en 2026 cuestiona la urgencia de la reforma. “Si la Ley 7/2022 exige ajustes antes de abril de 2025, ¿por qué esperar hasta 2026? Esta falta de proactividad refleja una gestión reactiva ante las obligaciones ambientales”, se pregunta Garrigós.

“El presupuesto de 1.000 euros para una campaña de sensibilización es irrisorio para conseguir un cambio cultural en la separación de residuos. Sin una educación ambiental robusta, el aumento de tasas será percibido como un castigo, no como una inversión en sostenibilidad”, demandan desde Compromís.

Pepe Garrigós, por último, resalta que la propuesta del Ayuntamiento, aunque técnicamente ajustada a la legalidad, carece de una visión política transformadora. “Para ganar legitimidad, es imperativo que se abran canales de participación ciudadana, se revise la distribución de costes y se vinculen las tarifas a incentivos”. Garrigós finaliza resaltando “el fraude electoral del alcalde Javier Sicluna que prometió que bajaría tases e impuestos en su programa electoral”.