La salida de l'Alcúdia de Crespins pone en riesgo la recogida 'puerta a puerta' en la Costera

El presidente de la Mancomunitat ve "imprudente" la decisión del gobierno del PP tras varios años de planificación técnica para cumplir las exigencias legales en materia de reciclaje y evitar sanciones a los ayuntamientos

La entidad supramunicipal encarga un informe a sus servicios jurídicos para analizar las implicaciones de la resolución: "Nos deja en una situación muy complicada"

Planta de tratamiento de residuos de Guadassuar, donde acaba la basura de la Costera.

Planta de tratamiento de residuos de Guadassuar, donde acaba la basura de la Costera. / Perales Iborra

Sergio Gómez

Sergio Gómez

Xàtiva

La decisión del Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins de abandonar el servicio mancomunado de recogida de la basura amenaza con dejar en papel mojado todo el trabajo que la Mancomunitat de la Costera-Canal ha estado desplegando en los últimos años para implantar un modelo que permita a los municipios adheridos cumplir con las exigencias en materia de reciclaje de la normativa europea y evitar sanciones.

El presidente del organismo supramunicipal, José Luis Gijón, no oculta su malestar ante la resolución aprobada por el equipo de gobierno del PP de l'Alcúdia de Crespins, que califica de "imprudencia" porque deja a la entidad y a las localidades que la componen "en una situación muy complicada".

Gijón recuerda que la Mancomunitat asumió en la pasada legislatura la redacción del Plan Local de residuos de este y otros municipios que tenían delegada la competencia de la basura. Un instrumento obligado por ley que se aprobó inicialmente en 2022.

El estudio técnico encargado en el marco de este procedimiento abogó por la puesta en marcha de un sistema de recogida 'puerta a puerta' como el método más "óptimo" (combinado con el quinto contenedor de materia orgánica en determinados puntos) para conseguir triplicar los índices de recogida selectiva y alcanzar los estándares que marca la ley, a partir de una serie de pormenorizados análisis técnicos. Pese a las dudas recientes expresadas por algunos alcaldes, esta fórmula de gestión fue refrendada en febrero por amplia mayoría en la institución comarcal.

El proceso se encuentra ya en su fase final. La Mancomunitat tenía previsto licitar el nuevo contrato de la recogida de residuos aproximadamente en cuestión de un mes y medio. Pero el estudio sobre el que pivota dicho pliego se diseñó teniendo en cuenta a l'Alcúdia de Crespins en los cálculos, por lo que ahora su validez ha quedado en entredicho y tendría que reformularse.

"Que ahora, después de varios años trabajando, digan que se salen del servicio, supone dejar tirados a los otros 16 ayuntamientos y nos puede obligar a empezar todo de cero. Llevamos mucho dinero invertido: adquirieron un compromiso y eso comporta cumplir unas obligaciones", sostiene el presidente del organismo, que ha encargado un informe a sus servicios jurídicos para analizar las implicaciones de la decisión de l'Alcúdia de Crespins. "Creo que salirse no es tan fácil o tan cómodo como creen", apunta Gijón.

El gobierno de l'Alcúdia de Crespins justifica su marcha del servicio mancomunado básicamente por razones económicas, debido al incremento de costes asociado al 'puerta a puerta'. Según la regidora de Medio Ambiente de este municipio, con la propuesta mancomunada el recibo actual que pagan los vecinos se triplicaría. "Si este gobierno puede ahorrar 15 o 20 euros a los vecinos debemos hacer la prueba", manifestó Noemí González. Según esta, la decisión no se ha tomado "a lo loco", sino que "se han barajado varias posibilidades".

El presidente de la Mancomunitat, sin embargo, considera que el ayuntamiento ha tomado una decisión "imprudente" en contra de los "criterios técnicos" del Plan Local de residuos, sin basarse en estudios alternativos y sin tener muy claro qué modelo de reciclaje se va a implantar. Gijón advierte de que este golpe de timón podría pasarle factura a la población y traducirse en sanciones de Europa: "Da la impresión de que están poniendo el dinero por encima de la salud del planeta y del entorno. ¿Qué pasará si les llega una denuncia por incumplir las obligaciones de la recogida selectiva, ¿la repercutirán a los vecinos?", pregunta Gijón, que ve en la medida "pan para hoy y hambre para mañana". "Si se echan atrás ahora, quién asume el dinero que se ha gastado y quién tiene que hacerse cargo de los perjuicios económicos de su decisión?", ahonda.

El informe jurídico solicitado por la Mancomunitat sobre la baja de l'Alcúdia de Crespins en el servicio de recogida se debatirá en la próxima sesión plenaria del organismo.

Según ha podido saber este diario, al margen de esta localidad, otros consistorios inscritos en la entidad supramunicipal de la Costera-Canal se estarían planteando recuperar la gestión de la recogida de la basura, lo que podría amplificar la problemática.

A principios de febrero, la mayoría de ayuntamientos adheridos al servicio mancomunado aprobaron continuar adelante con el modelo 'puerta a puerta' pese a las inquietudes trasladadas por diferentes alcaldes, que pusieron sobre la mesa la posibilidad de analizar la implantación del quinto contenedor para la separación y recogida selectiva de la materia orgánica como alternativa más barata.

De los 30 representantes que asistieron al pleno, casi un tercio (9) se posicionaron a favor de solicitar un nuevo estudio técnico a una consultora externa. Todos ellos son cargos vinculados a 5 municipios gobernados por alcaldes y alcaldesas del PP: l'Alcúdia de Crespins, la Font de la Figuera, la Llosa de Ranes, Enguera y la Granja de la Costera. En cambio, 21 representantes (el 70%) votaron en contra de paralizar el proyecto actual. 

"El plan actual es el único que garantiza cumplir con los objetivos"

En medio de aquel debate, el presidente de la Mancomunitat defendió que el plan vigente "es el único que nos garantiza el cumplimiento de la normativa y de los objetivos de la Agenda 20-30" frente a la incertidumbre de encargar otro estudio para poner en marcha un sistema alternativo que "sería más económico" pero sobre cuya efectividad los técnicos albergan más dudas. Gijón, además, advirtió de que dar ese paso podría comportar "la pérdida de subvenciones" obtenidas y obligaría a esperar dos meses a que la empresa redactora tuviera listo el nuevo plan, lo que retrasaría aún más el nuevo modelo.

El retraso en implantar los cambios que exige la normativa de gestión de residuos para cumplir con los objetivos de reciclaje de la Unión Europea ha situado a los ayuntamientos al borde del abismo después de varios años planificando acciones y negociando posibles soluciones. El tiempo apremia, el nuevo modelo no termina de visualizarse en la mayoría de municipios y las sanciones amenazan las maltrechas arcas locales.

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