El recorte de sueldos en la Font de la Figuera se limita a los ediles del PP pese a la austeridad

El pleno municipal de la Font de la Figuera aprobó este pasado jueves la eliminación de las retribuciones que hasta final de año tendrían que percibir los cuatro concejales del PP (incluido el alcalde), que gobierna junto al PSPV y la formación independiente Per la Font.

El pleno debatía la reducción de salarios que perciben los regidores de las tres formaciones, que tienen alguna dedicación municipal, para hacer frente al agujero de más de 352.000 en las cuentas municipales. El alcalde planteó recortar 135.496 euros en gasto corriente y la eliminación de los sueldos, una propuesta a la que no se sumaron los socialistas ni la regidora del partido independiente, que junto a Compromís se abstuvieron en la votación de este punto, que contó con los cuatro votos a favor de los ediles populares. La medida supondrá la reducción de unos 16.000 euros de los más de 40.500 que suponen estas retribuciones en los seis meses que quedan de este 2025.

Un agujero de más de 350.000 € obliga a recortar sueldos y gasto corriente en la Font de la Figuera

Las retribuciones de los cuatro ediles del PSPV en los seis meses que restan del año suman 21.026 euros, ya que entre ellos se encuentra el regidor que mayor sueldo percibe, el edil de Hacienda, Mariano Ferriz, con un coste salarial para el ayuntamiento de 1.781 euros al mes (10.686 € en seis meses). El resto de ediles cobran cuantías entre 569 y 670 euros. La única regidora de Per la Font suma una retribución de 3.417 euros en seis meses.

La primera teniente de alcalde y portavoz del PSPV, Ibana Tormo, defendió la postura socialista de no renunciar al sueldo alegando que “aquí se está trabajando, muchas horas de dedicación, mucho trabajo y mucha responsabilidad”. Afirmó que las cuantías que perciben “no son nada elevadas” y defendió que “quien trabaja, tiene que cobrar”. Tormo explicó que de momento mantendrán las retribuciones a la espera del plan económico-financiero que el ayuntamiento tiene que elaborar para reducir el importante déficit que arrastra. “Cuando se haga la propuesta del plan económico-financiero valoraremos y trasladaremos si hacemos alguna modificación”, afirmó.

Por su parte, el alcalde, el popular Elio Cabanes, defendió la retirada de la retribución de los ediles del PP manifestando que “este 2025 es clave para la estabilidad presupuestaria. Es un año complicado, ya estamos a mitad, hay un camino marcado, pero hay cosas que podemos hacer, como reducir sueldos. Es el granito de arena que podemos aportar”, indicaba.

El abultado agujero contable está motivado, entre otros, por los derechos reconocidos pendientes de cobro, unos derechos hinchados, con un importe que prácticamente dobla la cifra real. En este sentido, el pleno también aprobó, por unanimidad, la anulación de 348.907 euros de los 696.130 que se contabilizaban como pendientes de cobro. La secretaria del ayuntamiento expuso que tras la comprobación individualizada de cada uno de los movimientos contables de esos derechos pendientes de cobro desde 1998 hasta 2024, se proponía la anulación de 348.907 euros, tras considerar que “a día de hoy eran inexistentes”, ya que no se iban a ingresar debido a deudas prescritas, saldos ya cobrados o importes que correspondían a minoraciones de subvenciones ya percibidas por el consistorio. Tras descontar estos importes, el ayuntamiento liquida el ejercicio de 2024 con un resultado presupuestario de 302.985 euros, un remanente de tesorería negativo de 352.295 euros y una estabilidad presupuestaria negativa de 161.957 euros.

Unos números negativos que obligan al gobierno municipal a concertar una operación de crédito para saldar el déficit de tesorería, ya que se consideró “inviable” reducir el gasto del presupuesto de 2025 por el mismo importe que ese déficit, y que el presupuesto del próximo año se apruebe con un superávit inicial equivalente a ese déficit. La intervención insta a que la operación de crédito tendrá que ser amortizada y cancelada antes del fin de esta legislatura.

Plan de recortes

La situación también obliga a trazar un plan de saneamiento económico-financiero para solucionar el desequilibrio estructural que arrastra el ayuntamiento desde ejercicios anteriores. La intervención reclama, para ello, una política contable y presupuestaria “más prudente, depurando los derechos de cobro y evitando la incorporación de ingresos de dudosa ejecución en el presupuesto”. También exige “una estrategia de saneamiento financiero, con presupuestos con previsiones reales y adecuación del gasto a las posibilidades financieras efectivas, sin recurrir a remanentes ficticios”.

La liquidación del presupuesto abrió un extenso debate entre las cuatro formaciones del pleno, con críticas a la anterior secretaria-interventora del ayuntamiento, a la que se acusó de no aportar las cifras de la situación real, así como reproches entre el gobierno de la pasada legislatura y el actual por la gestión municipal.

El PP aludió a la actuación de la anterior intervención, afirmando que “muchas de las actuaciones no se hubieran hecho si intervención hubiera alertado de los números reales”. El alcalde, Elio Cabanes, detalló algunas medidas para reducir la deuda y apuntó el recorte de la partida de turismo de 10.000 a 3.000 euros; la de Cultura, de 10.000 a 2.000 euros; el recorte del gasto de luz en 31.000 euros, un ajuste presupuestario en la redacción de un proyecto, el recorte en la partida de Policía Local y la rebaja en las retribuciones con el ahorro de los sueldos de los ediles populares. “Entre estas cosas hay una reducción de 135.000 euros. Aún faltan 30.000 para recortar la estabilidad presupuestaria negativa”, y aseguró que “recaudaremos lo que tengamos que recaudar y gastaremos lo mínimo” para lograrlo. El alcalde de la Font animó a “empujar todos hacia adelante, será mejor que si ponemos piedras en las ruedas”.

El PSPV denunció que en ejercicios anteriores hubo “más gastos que ingresos” y que “se fundieron los ahorros”, según afirmó el regidor de Hacienda, Mariano Ferriz. La también regidora socialista Ibana Tormo afirmó que el PSPV “aportará soluciones, ideas y sumará”, para reducir el déficit, e instó a “remar todos en la misma dirección. Trabajo, cooperación y unión para estar a la altura de los que el pueblo se merece”.

Compromís expuso las “dificultades” de la pasada legislatura, con la dana, el covid y unos presupuestos prorrogados hasta 2023. Lamentó que PP y PSPV recurrieran a la “herencia recibida”, señalando que el déficit se debe a “errores administrativos anteriores”, de muchos años atrás. El regidor valencianista Adrià Gómez criticó que el PP, en la pasada legislatura, “obstaculizó el funcionamiento del ayuntamiento” y creó “una imagen de inoperancia y desgobierno para arrinconar al equipo de gobierno con contenciosos e imposibilitando la buena gestión”.

Per la Font recriminó al alcalde que no hubiera impulsado una auditoría “después de la fuerte oposición en la pasada legislatura, en la que criticaba que se malgastaba el dinero” y se enzarzó con Cabanes por las competencias en la gestión del cargo de alcalde que, según Purificación Lluch, tendría que haber reprendido a la anterior interventora por no alertar de la situación económica real y “depurar responsabilidades técnicas”.

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