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El TSJ valida la tala de 15.000 toneladas de madera que un juez anuló en Enguera

El tribunal revoca la sentencia de primera instancia que falló en contra del ayuntamiento e inadmite el recurso de Acció Ecologista-Agró al considerar que la entidad carecía de legitimidad para entablar la acción judicial

La asociación medioambiental recurre la decisión ante el Tribunal Supremo, mientras que el consistorio ve reafirmados sus argumentos

Protesta de Acció Ecologista Agró en Enguera.

Protesta de Acció Ecologista Agró en Enguera. / Levante-EMV

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Sergio Gómez

Sergio Gómez

Xàtiva

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dejado sin efecto la sentencia que en 2024 declaró la nulidad de los acuerdos sobre los que se apoyó el Ayuntamiento de Enguera para contratar los trabajos de extracción y aprovechamiento de 15.000 toneladas de madera en tres montes de utilidad pública.

La resolución, a la que ha tenido acceso este diario, no entra a discutir el fondo del asunto, sino que se limita a inadmitir el recurso interpuesto por Acció Ecologista-Agró al considerar que la asociación conservacionista no estaba legitimada para entablar la acción judicial que terminó con el pronunciamiento favorable a sus intereses en el juzgado nº 3 de lo contencioso de Valencia.

Ese primer fallo apreció, como causa de anulabilidad del contrato, el hecho de que los pliegos de condiciones no especificaran, en la fase de presentación de las ofertas, los trabajos de mejora en concepto de "limpieza" del monte y prevención de incendios forestales que debía ejecutar la adjudicataria a modo de pago "en especie" a cambio del beneficio obtenido con la extracción y el aprovechamiento de la madera de los pinos. Dichas mejoras se concretaron una vez adjudicado el proyecto a la empresa andaluza Novalis.

Según el juzgado, esta circunstancia afectaba no solo a posibles licitadores, sino también al control que Agró despliega en el ejercicio de la acción popular en materia de medio ambiente, dado que a la entidad le resultaba "imposible analizar dichas mejoras concretas exigidas como contraprestación por la Administración y su incidencia en el medio ambiente".

El TSJ, sin embargo, no comparte el razonamiento del tribunal de primera instancia. La resolución de la sección 5ª de la sala de lo contencioso mantiene que, como la asociación demandante no puede ostentar el papel de licitadora, sus derechos "no se han podido vulnerar". "No es cierto que (Agró) no podrá ejercitar su acción por no conocer qué mejoras se van a realizar, porque las conocerá cuando el Ayuntamiento de Enguera realice el proyecto de mejoras, momento en que los derechos de un licitador no pueden ser rehabilitados, si no tomó parte en el concurso, pero la asociación actora podrá desplegar en ese momento todos los derechos que, por su condición le reconoce la ley".

La sala de magistrados concluye que la entidad ecologista interpuso un recurso "contra actos que no vulneran aquello para cuya defensa está legitimada", denunciando una infracción que, según el TSJ, "existirá posteriormente".

Acció Ecologista-Agró ya ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para tratar de revertir la decisión judicial. Desde el colectivo conservacionista se muestran "muy disconformes" con la sentencia. "Decir que una asociación ecologista no tiene legitimación para participar en procedimientos de aprovechamiento de madera, cuando incluyen actuaciones que afectan al bosque, no tiene sentido", afirma Santiago Gasset, abogado y representante de la asociación en la Costera, que invoca la la ley 26/2006, que regula la participación de los particulares en el ámbito del medio ambiente, el acceso a la justicia y a la información medioambiental, para defender la legitimidad de Agró en el proceso. Gasset cuestiona que el pronunciamiento judicial invite a la entidad a "participar a posteriori", una vez se autorice un proyecto de mejoras "que no se ha aprobado", sostiene.

En caso de que no se admita el recurso de casación, desde el colectivo se muestran dispuestos a agotar todas las vías, incluyendo el recurso de amparo o acudir al comité de cumplimiento del convenio de Aarhus.

"Hemos actuado bien"

Por su parte, el regidor de Medio Ambiente de Enguera, Fernando García, defiende la "transparencia total" del ayuntamiento respecto al contrato de la extracción de biomasa y considera que el fallo del TSJCV "reafirma que estábamos en lo cierto y que hemos actuado bien". "Ellos (por Agró) están en contra, pero no se meten con la gestión, sino con la forma. Este era el recurso que les quedaba para paralizar la limpieza del monte. Nosotros hemos estado trabajando igual a falta de una sentencia firme", apunta.

García recalca que los trabajos de extracción de madera en los montes de Los Altos, Navalón y la Redonda, "están supervisados por la Generalitat" y cifra en aproximadamente 8.000 las toneladas retiradas hasta ahora "Todo lo que se obtiene (del contrato de talas) se dedica a la limpieza del monte. Se está trabajando en el monte bajo para hacer el ciclo completo", sostiene. "No vemos otra herramienta mejor para limpiar las sierras, prevenir incendios y facilitar las actuaciones de los medios de extinción", ahonda el concejal.

Agró también cuestionó las actuaciones realizadas desde el punto de vista medioambiental. La Conselleria de Medio Ambiente avaló los trabajos y descartó paralizarlos, mientras que el ayuntamiento asegura que se han cumplido todas las garantías.

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